Una vez más tuvo que pasar el secuestro y muerte del hijo de un distinguido empresario para que se retome el tema de las miles de víctimas del delito y por ende de la inadmisible inseguridad que se vive en nuestro país. Ya en el 2004 la marcha contra la inseguridad de la sociedad civil nos daba un indicio de la preocupación colectiva. En ese entonces se recibieron muchas iniciativas de ley para modificar la forma de trabajo de los múltiples cuerpos policíacos, de la actuación de los ministerios públicos, jueces y de las formas de readaptación de los delincuentes. No obstante lo anterior, una vez más se observó, paradójicamente, el olvido de las víctimas del delito. Y utilizo la paradoja, porque fueron precisamente ellas y sus familiares, las víctimas de robo, secuestro, homicidio o trafico de estupefacientes, las principales manifestantes en las calles.

Al igual que ayer, en el 2008 de hoy, saldrán a las calles para exigir lo que por derecho les corresponde: una vida sin violencia y la garantía de seguridad en su persona, sus familiares y sus bienes. Hay que recordar siempre que esas funciones le corresponden al Estado y nunca debe ser insuficiente la exigencia de la sociedad para que se les cumpla. Por esta razón no nos convencen en su totalidad las razones que argumentan las nuevas empresas “negociadoras de secuestros” que trabajan en paralelo a los órganos de seguridad y de procuración o administración de justicia.

Si bien es cierto que se ha visto involucrado a elementos de policía y jueces, existen otros que diariamente dan la lucha para no caer en la corrupción de sus colegas. Lo que estamos viviendo en la sociedad mexicana es el fracaso sociopolítico al depender las economías de los países; grandes, medianos y pequeños de un sistema transnacional en el que los “sistemas de valores en el campo filosófico” se desvanecen en el mercado, con la comercialización y todo forma parte de las mercancías a vender, incluido el ser humano. El crimen del secuestro, la migración o el tráfico de órganos se ha “organizado” igualmente como consecuencia de lo anterior y ya no se ven personas, llámese el hijo, el papá, la esposa o el nieto, sino mercancías a vender, a través de las redes de internet o de celulares.

El crimen es más redituable y produce más rápidamente dinero, éxito y placeres, que una vida de esfuerzo, preparación y trabajo, aun cuando la mercancía sea el propio cuerpo humano. Estos nuevos procesos no son fácilmente aceptables y requieren de los tres poderes del gobierno aceptarlos, para crear las nuevas leyes que los contemplen y se pueda atender auténticamente el crimen común u organizado. ¿Cómo retomamos nuevamente los valores humanos?, los éticos que implican una vida en comunidad, intereses comunes y un mejor mundo. Exigencia no sólo para el Estado, sino para cada uno de los individuos. La ética se aprende con el ejemplo, en la práctica, en la resolución colectiva de conflictos. Se requiere un diálogo no violento, entre la sociedad y el Estado y desde luego sin que se pierda la exigencia al cumplimiento de lo que le da origen al Gobierno: esto es: que se realicen los fines comunes a una sociedad, la unidad de metas para sacar adelante a los individuos en la convivencia multicultural en la que estamos viviendo.

“Nuestra ética es, básicamente, una ética de derechos, y si exigimos respeto a los derechos, alguien tendrá que hacerse cargo de los deberes correspondientes, que también son de todos, universales. La libertad, la igualdad, la vida y la paz nos obligan a ser más justos, más solidarios, más tolerantes y más responsables. A todos y cada uno. Sólo con esos objetivos en el horizonte es posible formar a unos individuos que no renuncien a ninguna de sus dos dimensiones: la dimensión social y la dimensión individual”.1

En esta etapa no podemos desestimar ni los esfuerzos de Felipe Calderón, ni los de Marcelo Ebrard, ni las iniciativas presentadas como las de Convergencia en la LIX Legislatura o las de la actual. Pero tampoco las criticas de la sociedad y de las del cuarto poder para elaborar propuestas en vías de mejorar la seguridad pública y en particular para atacar el fenómeno del secuestro, que tenía en el 2004, índice tan alto como el de ahora.

1- Camps Victoria, “Los Valores De La Educación”, séptima edición, Editorial Anaya, Madrid, 2000. página 23