Debo iniciar por la definición de la ONU acerca de lo que se entiende por terrorismo: “De acuerdo con la Resolución 1269 del Consejo de Seguridad, un acto terrorista es cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza ó contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. 1
Esto es un camino abierto a cualquier episodio violento, degradante e intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupación moral alguna. Por tanto, no debe considerarse al acto terrorista como una práctica aislada, reciente ni desorganizada. Como decíamos, son grupos bien organizados que se allegan información que les permite identificar perfiles de la población y características de los cargos de gobierno y de poder económico o político, sus alcances y sus límites. La información es utilizada con la finalidad de imponer sobre la población normas, hábitos de conducta, amenazas o castigos; hasta culminar en homicidios y masacres.
El terrorismo se fundamente en intereses diversos y asume tener fines religiosos, políticos, culturales o del actual mercado de crimen organizado, con sus variables de tráfico de drogas, personas o bienes.
Cuando un grupo organizado planea de antemano una acción violenta en la calle, esta puede ser considerada un acto terrorista, aunque no busque provocar la muerte. Son esos atentados, que nos parecían tan lejanos y que sucedían en otros países, donde en plazas, calles o lugares cerrados, pierden la vida gente inocente y totalmente ajena al conflicto que le dio origen y los convertía en victimas inocentes.
Escribimos el día de hoy sobre el tema por los muy desafortunados, inexplicables y reprobables acontecimientos en el grito de Independencia celebrado en Morelia. Michoacán. La población, integrada por familias enteras, se advirtió inserta en una confusión de sentimientos entre la felicidad que significa cada 15 de septiembre la reafirmación de la identidad mexicana, contrastada con el asombro y dolor producto del estallido de granadas de fragmentación en plena capital del Estado.
Acontecimiento que se agrega a los secuestros y terrorismo por parte de las agrupaciones paramilitares denominadas zetas, por criminales o policías que se nos presentan todos los días en los medios de comunicación desde el anuncio de la “guerra” contra el narcotráfico en México y que han tomado un curso decisivamente abierto en el que se aprecia que ha adquirido predominio sobre la propia acción del gobierno de Calderón para reprimirlo.
Porque en el fondo se trata no sólo de legitimar acciones que ponen en entredicho la presencia institucional del gobierno, sino la existencia misma del Estado está siendo puesta en duda.
Los reportes muestran un volumen de violencias estratégicas por parte tanto de militares, como de los carteles de las drogas, que a través de grupos paramilitares demuestran la rivalidad entre ellos.
Pero ningún daño nos inquieta ni preocupa tanto como la pérdida de vidas humanas. Nos cuesta tanto aceptar a las victimas michoacanas que se suman a los miles los muertos por homicidio, a la proliferación de masacres, los atentados y las desapariciones del norte al sur de nuestro país. Así sean producto de los atropellos cometidos por militares que combaten a los capos de las drogas, por los propios narcotraficantes o los del grupo terrorista de Morelia. Hechos que en la mayoría de los casos, bien por tecnicismos jurídicos, por desviaciones conceptuales producto de tendencias ideológicas que politizan análisis e informes, o por el efecto de la propaganda de los propios grupos armados ilegales, quedan ocultos entre los laberintos de las estadísticas o lo que es peor en el dolor de las victimas y de sus familiares.
No basta indemnizar a la población civil cuando se percibe agredida física o materialmente en su persona o sus pertenencias cuando se suscitan enfrentamientos entre bandas criminales, o cuando se ejecutan operativos en contra del crimen organizado y que en éstos se dé muerte, se hiera, se invalide o se afecte materialmente la propiedad de los individuos.
La proliferación de ajustes de cuentas entre delincuentes en lugares públicos se observan cada día más frecuentes y desafortunadamente la población civil está cada vez más expuesta a sufrir algún perjuicio en su integridad física y en sus bienes materiales, se propicia el crecimiento de la indignación, ante la impotencia por la falta de seguridad que actualmente estamos viviendo en México. ¿Podremos ir a eventos públicos sin miedo ahora? El Gobierno mexicano, debe reorientar las estrategias.
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1.- Página electrónica de Naciones Unidas: http://www.un.org/spanish/terrorismo/tratados/terrorismo.html
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