La mayor muestra de las desigualdades entre hombres y mujeres que hoy todavía persiste es sin duda la violencia. El martes 25 es el día de la No Violencia contra las mujeres, esta fecha se remonta a 1960 año en el que las tres hermanas Mirabal fueron violentamente asesinadas en la República Dominicana por su activismo político. Las hermanas Mirabal se convirtieron en el máximo exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina.

Si bien no contamos con un sistema estadístico que permita conocer la dimensión del problema Amnistía Internacional estima que las cifras de violencia durante el primer semestre del 2008 duplican a las del año 2007, este organismo señala que entre enero y julio del presente año en el país han muerto 81 mujeres por causas vinculadas con la violencia familiar. Sin duda un elemento fundamental para su combate es de carácter jurídico. Seguir impulsando nuevas leyes, armonizando nuestras normas locales a las federales aún pendientes, continuar perfeccionando las ya existentes.

Sin embargo, en esta materia es necesario que lo ya realizado pase -del conocimiento exclusivo del legislador- a su conocimiento en las calles. A nivel federal han sido aprobadas la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres y la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. A nivel estatal ya se cuenta también con ambos ordenamientos y tenemos normas especificas establecidas para configurar este delito; sin embargo todavía no son conocidas por la población y especialmente por las mujeres. Por ello considero fundamental explorar nuevas formas de difusión y conocimiento para que esos objetivos que llevaron a crear este tipo de normas pasen ahora a generar resultados.

Muchas acciones de acompañamiento hemos podido ver en los últimos años, campañas de prevención, creación de líneas telefónicas gratuitas, fundación de centros de atención a víctimas por señalar solo algunas, las cuales sin duda han sumado para generar poco a poco esa cultura de la denuncia que por temor, muchas víctimas no emprenden, sin embargo los datos nos revelan que no ha lugar a detener el paso, que es un asunto que compete no solo a quienes viven violencia; compete también a las autoridades de cualquier nivel, compete a toda la sociedad porque es base para el desarrollo individual de sus integrantes.

Y por ello en una fecha como esta es necesario recapitular en las acciones que pueden generar avances y otra de ellas lo es la educación que paralelamente a la parte jurídica es elemento considerado como básico, algunos y algunas expertas lo determinan incluso como la “medicina preventiva” para este problema de salud pública, ya que los niñas y las niñas que viven en ambientes de violencia necesariamente presentan algunas actitudes en el aula escolar. Y en ello la educación formal puede convertirse no solo en la educadora, sino en la vigilante a través de maestros y maestras para su detección desde el ámbito escolar. En este ámbito también se deben generar las políticas públicas dirigidas a padres y madres de familia y a adolescentes que les permita identificar en sus primeros estadios la manifestación de fenómenos violentos.

Y finalmente ese círculo vicioso que se ha formado entre la ignorancia en el conocimiento de derechos y el desconocimiento de las leyes que protegen a las mujeres; y aquellos que se encargan de su aplicación. Se hace urgente nuevamente señalar la responsabilidad de las autoridades ministeriales y judiciales que aplican la normativa en esta materia, porque esos esfuerzos de crear áreas especializadas por parte del Estado para atender a este tipo de víctimas; se ven opacados por ministerios públicos que muchas veces ni siquiera recepcionan las denuncias y regresan a las víctimas a sus casas –lugares donde están siendo agredidas- de manera que las mujeres no se están sintiendo protegidas por las leyes y en esto hay innumerables ejemplos en todos los rincones de nuestro estado de Puebla. Ahí todavía falta hacer mucho.

Correo electrónico:[email protected]