En México actualmente de acuerdo a un estudio realizado a nivel Federal en materia de Justicia, se dio a conocer que el 85 % de las víctimas de delitos no acuden a denunciar los mismos, que el 60% de las ordenes de aprehensión no se cumplen certeramente, este estudio también ejemplifica que tan sólo en el D.F el 71% de los detenidos no cuentan con la asistencia de un abogado, que el 60% de los detenidos no fueron informados oportunamente de sus obligaciones y derechos. En nuestro país un 92 % de las audiencias en los procesos penales, se están desarrollando sin presencia de un juez, el 50 % de los presos no han recibido una sentencia condenatoria y están en prisión, el 80% de los sujetos a procesos nunca hablaron con el juez que los condeno y solo uno de cada 100 delincuentes va a la cárcel, mostrando un alto índice de impunidad.

Sin duda alguna el panorama general en México refuerza la necesidad de implementar de manera urgente frenos, regulaciones y aplicaciones contundentes en materia de la justicia que implemente un nuevo sistema de justicia y seguridad pública, dotando a nivel Federal de armas jurídicas eficaces que combatan la delincuencia en ámbitos como el narcotráfico, narcomenudeo, secuestro, asesinatos y violaciones. Hoy se requiere de una realidad que permita mejorar percepciones a nivel internacional sobre “algunas autoridades en la administración e impartición de Justicia como incompetentes y corruptas en México”, se debe colaborar y trabajar arduamente para cambiar todo esto a una imagen de alta calidad que denote eficiencia y eficacia en jueces, magistrados, asesores e impartidores de justicia; dónde se plasme y concrete en un auténtico trabajo en la materia.

El dictamen de la reforma constitucional judicial a nivel Federal fue aprobada el 26 de Febrero de 2008 por las dos Cámaras, cabe recordar amable que por tratarse de una reforma Constitucional, para que pueda entrar en vigor ésta tiene que ser aprobada por las dos terceras partes de ambas Cámaras. Ahora le toca el turno a la mayoría de las legislaturas de los Estados de la República, quienes deberán consultarla y aprobarla dónde Puebla no será la excepción. Pero analicemos brevemente, ¿Qué propone esta reforma? • Procura estandarizar las pruebas necesarias para librar una orden de aprehensión. • Implementa un concepto constitucional de flagrancia. • Reduce los requisitos para declarar el arraigo. • Señala el concepto constitucional de delincuencia organizada. • Establece requisitos y alcances de las órdenes de cateo. • Establece requisitos para grabar comunicaciones entre particulares, permitiendo la validez a la aportación voluntaria por alguno de los particulares que participen en las comunicaciones privadas y también le da facultad exclusiva al poder judicial a petición federal o al titular del ministerio público de la entidad correspondiente, la autorización para la intervención de comunicaciones privadas.

• Establece facultades de los jueces de control, pues ninguna audiencia será válida sin la presencia del mismo. • Crear una defensoría pública más eficaz y eficiente. • Combatir la corrupción, pues todo caso podrá darse a conocer de manera pública. • Cambiar la denominación de pena corporal, de reo sentenciado a una de readaptación por reinserción. • Autorizar constitucionalmente los centros especiales de reclusión, restringiendo en a los delincuentes las comunicaciones a terceros, elimina la prescripción del delito cuando el delincuente evade la acción de la justicia o cuando sea extraditado; reserva los datos de los acusadores y establece beneficios a los inculpados que colaboren eficazmente con las autoridades en las investigaciones y persecución de los de delitos. • Implementar juicios orales, modificando un sistema penal escrito a uno oral, acusatorio y presencial, haciendo más transparente los procesos. • Fortalecer los cuerpos policíacos promoviendo su profesionalización a través de la implementación de la carrera policial.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, insistimos en su pronta aprobación de la reforma en seguridad y justicia al seno de la Comisión de Gobernación, a la vez esperamos su resolución ante el pleno del Congreso Local, que seguramente será a favor. Ya que entre en vigor a nivel Federal, los Congresos Estatales tendrán la tarea de implementar para mejorar en esta materia tan importante las adecuaciones y modificaciones pertinentes a diferentes leyes vinculadas con esta reforma de seguridad y justicia: Código de Defensa Social, Código de Procedimiento en Materia de Defensa Social, Ley Orgánica de la Procuraduría entre otras, permitiendo así avances considerables en materia de Justicia Penal en el Estado de Puebla.

*Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional Comentarios: [email protected]