Mucho se ha avanzado en nuestro país acerca de que las y los ciudadanos tengamos acceso al conocimiento de información pública, la transparencia es actualmente un eje fundamental en el ejercicio cotidiano de las instituciones públicas.
Incluso hoy día es obligatorio que el sector público dé a conocer el uso y destino de los recursos del Estado en todos sus niveles; existen Institutos de Acceso a Información Pública en todos los estados de la república y los Congresos de los Estados han expedido leyes e impulsado reformas para su actualización. Actualmente el Congreso del estado de Puebla está trabajando en la actualización de la ley en esta materia.
Sin embargo muy poco se ha hecho en relación a regular la protección de los datos personales.
Este tema ha sido abordado en los Encuentros Iberoamericanos de Protección de Datos Personales desde la perspectiva de lograr un equilibrio justo entre intereses individuales, necesidades del Estado y, las demandas del mercado, a partir de la tesis de que la democracia en México será más sólida en la medida en que garantice la protección a la privacidad ya que sin una protección adecuada de los datos personales todos perdemos un derecho fundamental.
De ahí que los estudiosos del tema han planteado la necesidad imprescindible de diseñar una ley de protección de datos personales que considere al sector público, pero también al privado; ya que si bien se ha protegido datos personales que provienen de organismos públicos, no se ha aplicado el criterio a empresas privadas que utilizan de manera indiscriminada datos de los usuarios.
La Doctora Maria Marván Laborde apuntaba en el IV Encuentro Iberoamericano, que “la complejidad de la vida moderna demanda una ley que se haga cargo de proteger al individuo en su dimensión de consumidor…” No hay sostenía ella, “…justificación ética para vender las bases de datos personales por parte del Estado o que este permita su uso con fines distintos a aquellos para los que fueron proporcionados por el individuo quien es el propietario único y beneficiario directo de esta información.”
Diecisiete países han venido intercambiando información sobre este tema en los seis encuentros iberoamericanos que han sido organizados, incluso el tema forma parte ya de la agenda institucional de los gobiernos. Existen ya muchas experiencias internacionales que pueden aprovecharse, la página del IFAI nos muestra los países en el mundo que cuentan con una nrmativa específica en esta materia. Y en México con la experiencia que han obtenido como autoridad en materia de protección y acceso a la información, el Instituto Federal de Acceso a la Información ha sido uno de sus principales impulsores junto con legisladores federales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo los alcances que debe tener la transparencia y el principio de máxima publicidad para determinar hasta qué punto debe protegerse -en juicios civiles y penales- la vida privada y los datos personales, en base a una acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR de diversos artículos de la Ley de Acceso a la Información, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Justicia Administrativa del estado de Nuevo Leon, por considerar que vulneran las garantías individuales.
Lo anterior, nos permite visualizar la gran importancia de contar con una Ley de Protección de Datos Personales federal y estatales, si partimos del mismo razonamiento jurídico que vienen presentando los Ministros ponentes en el caso arriba mencionado, que sin duda resulta aplicable a todos los casos: “dos derechos igual de importantes, ya que por un lado el acceso a la información –judicial, para este caso en estudio- contribuye a la transparencia en el ejercicio judicial y fortalece la confianza en las resoluciones..” pero existe también “un derecho igualmente relevante de que se proteja nuestra vida privada y los datos personales”.
De ahí la importancia de trabajar en la Ley de Protección de Datos Personales, en Puebla y en todo el país.
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