Las repercusiones de las reformas que se han venido realizando en 16 estados de la República para “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural” han empezado a presentarse de diferentes maneras.

En algunos estados, las mujeres que por necesidad han tenido que acercarse al uso de la interrupción de sus embarazos clandestinamente, están siendo objeto de represiones, encarceladas (Guanajuato es ejemplo) señaladas, sin atención médica profesional. Pero estas repercusiones –como era previsible- están ahora alcanzando a mujeres que por diversas razones han sufrido un aborto espontáneo. Ellas a diferencia de las primeras, no han realizado ninguna acción de interrupción a sus embarazos, sin embargo están siendo igualmente criminalizadas. Lo anterior lo refiero por el hecho acontecido hace algunos días, el pasado 4 de octubre con una indígena de la comunidad de Los Sabidos, en Quintana Roo, Yasuri Zac-Nicté Pool Mayorga.

Ella con un embarazo de siete meses tuvo un aborto espontáneo en su casa, por lo que su hermano y su madre la llevaron al Seguro Social de la comunidad Rojo Gómez y de ahí la trasladaron al Hospital Morelos de Chetumal, donde le practicaron un legrado.

El 6 de octubre fue trasladada al Cereso acusada de homicidio doloso calificado y le dictaron auto de formal prisión cuando todavía no se recuperaba de la cirugía, lo que constituyó una violación a su derecho a la salud, incluso los primeros días de su detención le impidieron a su madre pasarle los medicamentos que necesitaba para su restablecimiento. Yasuri de familia muy humilde, es madre de otros dos hijos, uno de cinco y otro de casi dos años; su madre trabajadora doméstica, tuvo que dejar de trabajar para atender a sus nietos y visitar a su hija en el penal.

La defensa llevada por la Abogada Gabriela Rojo, Presidenta de la Fundación Pro-mujer de Quintana Roo, respaldada por la suma de organizaciones civiles hoy congregadas en el grupo nacional “derecho a decidir” y la falta de pruebas acusatorias, lograron que la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo desistiera de la acción penal contra Zac-Nicté y sobreseyera el caso, sin embargo las autoridades no le ofrecieron ninguna disculpa por las tres semanas que permaneció en una cárcel de Chetumal. En Quintana Roo fue aprobada esta reforma para “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural” en el mes de abril de este año y el aborto se sigue ahora de oficio.

Este alud de reformas constitucionales en 16 entidades federativas, está generando -como lo señaló José Woldenberg en un artículo de su autoría publicado recientemente en Reforma- una auténtica pulsión persecutoria, que alcanza a casos como el que hoy comentamos. Bien señala el Dr. Diego Valadez “la penalización del aborto es poco responsable y respetuosa, y puede generar en el futuro tensiones imprevisibles e impredecibles en cuanto a su magnitud”. Por este y por todos los demás casos que se han presentado y se presenten en el futuro, continuaremos luchando.

[email protected]