Las políticas públicas siempre deben estar orientadas al beneficio de la población y, en consecuencia, tienen que estar fundamentadas en estudios, investigaciones y modelos comparados, además de recoger el sentir de los ciudadanos, que finalmente son quienes se ven afectados con las decisiones de gobierno. Existen temas que por su ambigüedad o por ser polémicos demandan un tratamiento especial, escuchar voces, hacer consultas y en función de las opiniones, decidir si sigue adelante o se da marcha atrás.

Esta misma semana, tuve la oportunidad de subir a la tribuna del Congreso local un exhorto para entrar al análisis de la Cartilla Nacional de Salud, en el apartado que comprende a niños y adolescentes, ya que su contenido genera polémicas y radicaliza posiciones. La forma de operación de esta cartilla y su obligatoriedad ha despertado diversos posicionamientos, esto en razón de que es repartida por la SEP a los padres de familia, quienes deben activarla en la clínica o centro de salud en el que esté adscrito cualquiera de ellos, donde podrán certificar y actualizar los datos de su hijo según un calendario previamente establecido, que abarca de julio de este año hasta febrero de 2010, pasando por los alumnos de preescolar hasta los de secundaria.

La obligatoriedad consiste en que si no se presenta la Cartilla Nacional de Salud activada, no podrá inscribirse a los menores en los planteles educativos, con lo cual se violenta lo establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues todo individuo tiene derecho a recibir educación, es decir que no puede condicionarse la impartición de la educación a la activación de la Cartilla de salud.

Por otro lado quienes consideran que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad consideran como positivo que la Cartilla implique un mecanismo que los aconseje y oriente en materia de su sexualidad, posición que no comparten quienes opinan que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia y que deben ser los padres los que decidan cuándo y cómo los orientan en este tema.

Esta disyuntiva ha generado en algunos estados incluso ya, un movimiento de resistencia a la implementación de la Cartilla Nacional de Salud, lo que evidencia que se trata de una política que se impuso y no se consultó. El reclamo, consiste precisamente en que no se consideró la opinión de los padres de familia para su implementación, no se explicó de los alcances y consecuencias de la misma, ni se justificó su diseño y aplicación, de forma que pudieran aprovecharse sin obstáculos las bondades que ofrece. Además, por vez primera, la distribución de la Cartilla correspondió a la Secretaría de Educación Pública, dependencia que desde el mes de junio de este año la distribuyó a más de 25 millones de alumnos de preescolar, primaria, y secundaria, así como alrededor de un millón 700 mil trabajadores de la educación de todo el país.

Ante esta circunstancia, el llamado está dirigido al Secretario de Educación Pública Federal, Alonso Lujambio Irazabal, para suspender la obligatoriedad de la activación de la Cartilla Nacional de Salud como requisito para que los niños puedan inscribirse y recibir la educación obligatoria y, al Secretario de Salud Federal, José Ángel Córdova Villalobos, para que suspenda la implementación de la Cartilla Nacional de Salud. Esto nos llevaría a someter a una consulta exhaustiva que permita concluir su aceptación o modificación por parte de los ciudadanos. No se trata de rechazar o avalar a priori, sino de abrir un debate sobre el tema y que se analice las condicionantes y los contenidos de la Cartilla, a fin de determinar su viabilidad.

Diputado del PRI y Presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.