Durante el presente año ha sido evidente el deterioro económico que han sufrido los salarios con tasas de inflación superior al 5%, como resultado del incremento de precios en los productos básicos, principalmente en alimentación y energéticos indispensables para las familias mexicanas. Al cierre del primer semestre del año el Gobierno de la República tuvo que reconocer abiertamente que estamos inmersos en una crisis alarmante, pero que tiene su principal impacto en el hogar de todos los ciudadanos, porque se disminuyen las expectativas de desarrollo, de educación para los hijos y, en consecuencia, de bienestar y calidad de vida.

Ante ello, no podemos quedarnos como simples espectadores frente a una realidad nacional que incrementa cada vez los niveles de pobreza, de ahí que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la búsqueda permanente para lograr alternativas que permitan a los ciudadanos la redistribución de los escasos recursos con los que cuentan, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a reducir el precio de un producto de consumo permanente como es el gas de uso doméstico.

En este sentido, quisiera exponer algunos de los argumentos presentados precisamente para impulsar este punto de acuerdo en el pleno del Congreso local, pues pese a que a inicios del año, el propio Presidente de la nación anunció un decreto para reducir el precio del energético, en los hechos está sucediendo otra cosa. Al entrar en vigor la medida de reducción anunciada, el valor comercial del gas LP al consumidor bajaría de 9.70 a 8.73 pesos el kilogramo, según la región. Sin embargo, el precio promedio de las ventas de primera mano por parte de Pemex es de 5.78 pesos por kilogramo, mientras que, de acuerdo al nuevo decreto, el precio promedio ponderado nacional al público es de 8.03 pesos por kilogramo. Es decir, hay una diferencia de 2.25 pesos por kilogramo a favor de quienes compran de manera directa.

Es así como, la relativa disminución en el precio final al público tiene como base el subsidio al capital privado otorgado por el Gobierno Federal, lo que permite concluir que si se rediseña la fórmula, la reducción al precio final podría ser todavía mayor.

Además, es indispensable analizar que la oferta de gas LP ha disminuido en los últimos años y que la producción nacional sigue siendo insuficiente, lo que se traduce en automático en un aumento a las importaciones que alcanzan casi un tercio de la oferta. Para satisfacer la demanda, Pemex compra gas LP, que luego revende a los distribuidores privados a precios reducidos mientras éstos hacen negocios con los consumidores domésticos.

Estamos pues ante un esquema de distribución que encarece el producto con el castigo a los consumidores finales, es decir, al ciudadano como usted y como yo que tenemos que usar este energético todos los días. Queda claro, también, que existe un margen que permite una mayor reducción en el precio del gas para los usuarios finales y hoy, más allá de los discursos, se requiere de la sensibilidad del Gobierno Federal, porque es tiempo de velar por los intereses de los ciudadanos, aunque esto implique reducir las ganancias de un selecto grupo de distribuidores.

Diputado del PRI y Presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado