En todos los países de Latinoamérica, durante las últimas décadas se han impulsado acciones de política pública a favor de las mujeres. Estas acciones han contemplado en buena medida su incorporación legislativa. Poco a poco ha ido entendiéndose que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Detrás de ello hay mucho trabajo de mujeres, de organizaciones y de gobiernos que en diversos momentos han permitido que las mujeres obtengamos desde la ley las precisiones para proteger nuestros derechos.

Sin duda mucho a favorecido los diversos compromisos que se suscriben en las reuniones convocadas por organismos internacionales, para que los países desde sus gobiernos por sí o solo por responder a estos, han ido elaborando acciones. Si bien en este esfuerzo entre lo deseado y lo alcanzado todavía hay un trecho, y que como se ha comentado en muchos momentos los asuntos de las mujeres son de avances y retrocesos, hoy las mujeres mexicanas pasamos por uno muy delicado de retrocesos. Al día de hoy ya en 14 estados de la república se han aprobado leyes que han anulado derechos adquiridos de las mujeres. Conquistas que tienen que ver con uno de los temas que son eje para nuestro desarrollo, pero que sin duda inciden en la totalidad que nos rodea a las mujeres: la salud sexual y reproductiva. Las mujeres estamos exigiendo nuestro derecho a no morir. Que las instituciones públicas respondan con programas que prevengan la muerte diaria de mujeres y niñas resultado de complicaciones ocurridas durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Los programas de salud materna incluyen también la atención a un grave problema de salud pública que enfrentamos las mujeres: los abortos no punibles en los hospitales del país, cómo no tomar en cuenta que el aborto es la primera causa de mortalidad materna. Las leyes planteaban excepciones en esta materia que las reformas constitucionales han anulado, lo que nos determina en prospectiva que para nosotras las mujeres el retroceso jurídico tendrá un resultado fatal. Hace algunas semanas escribí sobre la petitoria presentada por mujeres y hombres del estado de Guanajuato ante el Instituto Nacional de las Mujeres, para declarar la alerta de violencia de género por Agravio Comparado contra estas reformas constitucionales que transgreden nuestros derechos humanos.

Hay normatividad federal vigente que lo fundamenta: la igualdad de la que habla el Artículo cuarto de la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el reglamento de la misma, los Convenios Internacionales, los Compromisos suscritos por nuestro pais, son solo algunas. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha convocado a la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para resolver sobre esta petición de declaración de alerta de violencia de género por Agravio Comparado en los estados de la República donde Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia aún no ha sido armonizada y para los estados de la República que como Puebla ya la hemos homologado representa una esperanza en las acciones a conducir.

En esta reunión nacional que preside el Secretario de Gobernación federal, son parte los Institutos Estatales de las Mujeres, sus votos serán fundamentales en el resultado de la Resolución. Habrá que estar pendientes de cómo votan las titulares de los Institutos Estatales de las Mujeres en un tema que es eje de los programas que impulsan, lo que nos permitirá comprobar si verdaderamente cumplen con el fin para el cual fueron creados.

Espero que tomen en cuenta al momento de su voto que hoy las mujeres queremos gozar el derecho que tenemos a no morir y cumplir con uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad.

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