Doce estados de la República han aprobado reformas a sus Constituciones anulando los derechos adquiridos a favor de las mujeres. Por ello organizaciones civiles han determinado algunas acciones a seguir la primera de ellas con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del reglamento de la misma, iniciar los trámites para solicitar al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través de su Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) declare la alerta de violencia de género por Agravio Comparado contra las mujeres en los estados de la República donde esta Ley aún no ha sido armonizada (como en el estado de Guanajuato) ya que las nuevas reformas a las constituciones transgreden los derechos humanos de las mujeres, en comparación con la normatividad federal vigente.

Otra acción que se está dando se deriva de que muchos de los estados que han aprobado la reforma constitucional, no solo incluyeron la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural” también, no incorporaron la excepción contenida en todos los Códigos Penales respecto al derecho a la interrupción legal de embarazos producto de una violación, por malformaciones congénitas del producto, cuando esta en riesgo la vida de la mujer, entre otras, anulando en definitiva los derechos logrados. Otros tantos no señalaron los mecanismos para exigir el acceso al aborto legal cuando se presentan estos supuestos, con lo cual se deja a las mujeres en condiciones de desprotección. Todo lo anterior es fundamento para la petitoria de Agravio Comparado al Instituto Nacional de las Mujeres y representa una esperanza para todas las mujeres, pues es un instrumento que sirve para que en aras de la igualdad de la que habla el Artículo cuarto de la Constitución, no se castigue de manera distinta a las mujeres que a quienes cometen delitos en nuestra contra, como abuso sexual, violencia hacia la mujeres, incumplimiento de la pensión alimenticia, entre otros.

El agravio comparado ya fue presentado el viernes pasado por organizaciones civiles del estado de Guanajuato, deberá ser analizado en reunión con los 32 Institutos de las Mujeres del país así como las dependencias involucradas, el tema será discutido y el Secretario de Gobernación del gobierno federal panista, que funge como Presidente del Sistema, tendrá que emitir una resolución que deberá enviar a los estados de la República que hayan transgredido los derechos humanos de las mujeres. Esta vía podrá llevarse a todos los estados que se encuentren en este supuesto donde ya fue aprobada y ha entrado en vigor estas reformas porque no hay un límite del uso de la figura.

Otra acción que se ha empezado a dar en algunos estados de la República son denuncias en contra de las Comisiones de Derechos Humanos que se han negado a ejercer el derecho de acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas constitucionales una vez que entran en vigor. Denuncias por violencia institucional contra las mujeres, basadas en Artículo 4º de la Constitución federal, ya que desde el 2006, el Congreso de la Unión dio facultades a los Organismos Públicos de Derechos Humanos de los estados y a la Comisión Nacional para que pudieran interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que afecten los derechos humanos, incluidos por supuesto, los derechos de las mujeres, transgrediendo los ordenamientos jurídicos que deben seguir como defensores y promotores de los derechos humanos.

Y en el estado de Guanajuato por PRIMERA VEZ en los doce que han aprobado reformas contitucionales en esta materia hasta ahora, el presidente del CDE del PRI de esa entidad, declaró que los dos diputados priístas que votaron a favor de esta reforma el viernes pasado (con lo que el PAN logró las dos terceras partes de la votación) serán sometidos a un proceso al interior del PRI para determinar su permanencia o expulsión de este partido político por contravenir los documentos básicos, las plataformas políticas, así como por no haber cumplido un acuerdo del grupo parlamentario del PRI, proceso que será enviado a la Comisión Nacional de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI quien resolverá su situación.

Todo lo anterior demuestra las diversas acciones que desde diferentes ámbitos en el país se están conduciendo, ya que las reformas constitucionales que han venido tomando las legislaturas de los estados atentan contra los derechos de las mujeres mexicanas y continúa dándose la confusión en cuanto a ser titular del derecho a la vida y proteger la vida, y siguen sin entender lo que es una plataforma política y lo que es un Estado laico. Seguir reconociendo que los derechos de las mujeres, no pueden someterse a conocimiento y posturas personales sino al irrestricto respeto a todos los derechos de las mujeres, desde la indivisibilidad e interdependencia y también al conocimiento efectivo de la perspectiva de género para su aplicación en políticas públicas, es nuestra obligación.

Fuente:CIMACnoticias El Universal Mayo 11, 2009 [email protected]