Parafraseando a Roberto Gil Zuarth. “Todo puede negociarse, para llevar la fiesta en paz en el cómplice silencio”. Esto es lo que pareciera negoció el gobierno federal panista en los estados de la República. Sin duda las “negociaciones” deben darse cuando se trate de acordar acciones de políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad incorporando incluso a todas las fuerzas políticas del país; pero cuando estas negociaciones se dan no sólo para desconocer los derechos adquiridos de la mayoría de la población que integramos a este país como somos las mujeres, deben hacerse visibles; no solo por lo antes mencionado sino también porque además violentan a la Constitución General de la República y contravienen los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país. En 8 estados de la República en los últimos meses se han presentado reformas a las Constituciones de las entidades federativas, que solo pueden acreditar autoría a esas negociaciones que el gobierno federal panista ha suscrito fundamentados en su ideología política. Es de resaltar que por si mismo el Partido Acción Nacional no tendría la mayoría necesaria para aprobar las reformas constitucionales que vulneran el derecho a decidir de las mujeres, sin embargo lo que sí han podido hacer es sumar sus votos -que sin duda con ello responden a su marco ideológico-, con la de algunos votos de priístas y como en el caso de Nayarit con el voto del PRD, sólo así es como han logrado mayorías. Lo lamentable es justamente esto que quienes ostentamos hoy una representación política, están avalando con su voto estas nuevas y violatorias reglas.

Y lo lamento más porque muchos de esos hombres y mujeres de mi partido de una u otra manera han construido junto con nosotras estas conquistas de las mujeres; de manera directa, sumando su voz y su acción; o de manera indirecta, como delegados del PRI aprobando en los Consejos Políticos o adhiriéndose a lo que señalan nuestros documentos básicos por su acción partidista de militantes y como candidatos y candidatas a las Plataformas políticas que se registran para cada elección. Empezaron con Baja California, por mayoría reformaron el artículo 7º de su Constitución, su reforma entró en vigor en diciembre del 2008, pero está impugnada mediante Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado de Baja California, señala la reforma: “(…) esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”. Siguió el estado de Morelos aprobada por mayoría y publicada en diciembre del 2008, su artículo 2º señala: “(…) se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción (…)”. Después Colima aprobada y publicada en marzo de este año, su artículo 1º determina: “(…) Con respecto a la vida, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las siguientes declaraciones: I. La vida es un derecho inherente a todo ser humano. El estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción. La familia constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre (…)”.

Continuaron con Puebla, aprobada por mayoría y en proceso de Constituyente Permanente el artículo 26 señala: “[…] IV.- La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las Leyes”. Siguió Jalisco, aprobada en el mes de marzo por mayoría y en proceso de Constituyente Permanente el artículo 4º determina: “[…] el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”. Después Sonora, aprobada por mayoría y publicada en el mes de abril determina en su artículo 1º: “El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora, así como los casos de donación de órganos humanos en los términos de las disposiciones legales aplicables”. Siguieron con Nayarit aprobada por mayoría en proceso de Constituyente Permanente señalando en su artículo 7º Constitucional: “El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición: I. a X…XI.- Los derechos sociales que a continuación se enuncian: 1.- Se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural. 2.- Toda mujer y su producto tienen derecho a la atención médica gratuita durante el periodo de embarazo y el parto”.

Después Durango, aprobada por mayoría en el mes de abril y en proceso de Constituyente Permanente. En el estado de Quintana Roo, quisieron hacerlo, sin embargo el posicionamiento de la compañera priísta presidenta de la Comisión de Equidad y Género de ese Congreso, sustentada en la contravención a la ideología política que abandera el PRI logró el rechazo de la mayoría en el Pleno y su regreso a comisión para su nuevo análisis, aunque tenemos conocimiento de que están presionando a los diputados para presentar el nuevo Dictamen al Pleno en esta semana. A estos estados de la República se sumarán los Congresos locales de los estados de Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, donde esta Iniciativa está turnada a sus respectivas comisiones para su análisis. En todos los casos no hubo ningún tipo de foros para escuchar las voces diversas que permitieran argumentar los pros y contras de esta Iniciativa y esta estrategia nacional olvida algunos datos reales en esta materia. El aborto es un fenómeno universal. El aborto inseguro es un problema de salud pública. Las restricciones legales al aborto NO reducen el número de abortos inducidos y SI afectan la seguridad del procedimiento.

Sin duda esta estrategia nacional para violar los derechos de las mujeres, está confundiendo el debate, presentando evidencias de manera distorsionada o generando análisis sesgados. En México entre 1990 y 2005 murieron 21, 464 mujeres por causas maternas, de ellas 1,537 (7.2%) murieron por aborto y sus complicaciones. Las adolescentes representan el 13% de las muertes por aborto a nivel nacional. Fuente: INEGI, Bases de mortalidad de la población de México, 1990.2005. El 57% de estas muertes se concentró en 6 estados: DF, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. En Puebla durante el período 2000-2006, en el sistema automatizado de egresos hospitalarios (SAEH) se registraron 415, 816 egresos, del Grupo enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, los egresos por causas maternas fueron 221, 834 (84%). El 10% de estos egresos maternos fueron por atención a mujeres en situación de aborto: se atendieron a 21, 994 mujeres, mostrando una tendencia a la alta.

En este mismo período ocurrieron 22, 800 defunciones por causas maternas, de ellas 1, 631 fueron causadas por aborto y sus complicaciones. El 33% ocurrieron en mujeres de 20 a 24 años. Una de las principales acciones que reducen la mortalidad materna es la anticoncepción ofertada y adoptada en el período post evento obstétrico, incluyendo la orientación y consejería anticonceptiva; acción que reduce la posibilidad de embarazos no planeados con impacto positivo en las mujeres que egresan después de un aborto y/o alguna complicación, en Puebla del total de egresos mencionados con anterioridad, sólo el 18% aceptó el DIU, 1% hormonales y 15% oclusión tubaria y el 55% de las mujeres egresadas por causas maternas, no recibió algún método anticonceptivo. Estos son los datos, la estrategia nacional para arrebatar a las mujeres derechos adquiridos, contraviene a la legislación nacional e internacional en derechos humanos y agudiza la discriminación contra las mujeres; es contraria al artículo 4º Constitucional y significa un grave retroceso. Por eso no podemos seguir haciendo nuestra la agenda legislativa de la derecha, no debemos alejarnos de la tradición laica del Estado Mexicano y mucho menos debemos incurrir en el cómplice silencio.

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