En este año se cumplen 150 años de la puesta en marcha de la Reforma Liberal en nuestro país. Desde entonces el pueblo y el Estado Mexicano reconocieron y asumieron al liberalismo como ideología general de la Nación y como sustento claro del actuar general y colectivo tanto de los órganos de autoridad, como en las relaciones jurídicas entre particulares. Lo anterior está manifestado en el Acuerdo suscrito por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En este Acuerdo, el Presidente de la República reconoce que el programa político liberal de hace 150 años, continúa no solo en plena vigencia, sino que es en sí mismo, el proyecto político, económico y social que los mexicanos hemos convenido en seguir para el futuro, como garantía de libertad y como certeza de que se trata del camino correcto, pues se fundamenta en la razón histórica y en la razón práctica.

Al leer este Acuerdo -ya publicado en el Diario Oficial de la Federación- recordaba los últimos acontecimientos que hemos vivido algunos estados de la República, incluído Puebla, en los que pareciera que no se está atendiendo al programa liberal de Nación que desde hace 150 años nos rige. Leía en un artículo publicado en El Excelsior de la autoría de Mario Luis Fuentes “Nuestra historia está llena de ejemplos de por qué un Estado laico es lo mejor para consolidar la democracia. En la vida independiente hemos vivido graves episodios en los que esa intolerancia como el anticlericalismo han apostado por suprimir o reducir libertades individuales”.

Y abundaba “Hay una diferencia fundamental entre una postura laica y una anticlerical. La primera forma parte del espíritu democrático, al reconocer el derecho de todos a profesar sus creencias; la segunda es muestra de intolerancia que busca reducir espacios de manifestación de las creencias o la religiosidad”. “En un Estado laico, todas las expresiones religiosas tienen cabida, sin demérito o sin acciones que vayan en detrimento de las demás; esto es, un ambiente en el que todos pueden manifestar y profesar sus creencias sin temor a ser reprimidos por ninguna autoridad pública”. En México la imposición de la religión católica nos llevó a una etapa sangrienta, se construyó en la etapa de la Conquista un discurso de exclusión. A través del Santo Oficio, se sancionó, con el destierro, la cárcel y, en no pocos casos, con la pena de muerte, bajo la acusación de herejía a quienes no la aceptaban.

De ahí que el Presidente Benito Juárez expidió, desde el Puerto de Veracruz, -donde había establecido su gobierno las Leyes de Reforma- en julio de 1859 la ley referente a la desamortización de los bienes del clero, junto con la separación de la Iglesia y el Estado. Le siguieron en ese mismo mes y en el mes de agosto la creación del Registro Civil, la secularización de los cementerios, el decreto sobre fiestas públicas laicas y más adelante, en el plan general de las Leyes de Reforma, la libertad de cultos tema latente en todas las leyes expedidas. Sin embargo, pareciera que hoy la historia política ha empezado a verse con otros ojos, olvidando o no queriendo ver el proceso por el que nuestro país transitó hacia la formación de nuestro estado nacional, que pareciera, busca suprimir al Estado laico. Por fortuna en contraparte, es precisamente por esta herencia que han empezado a ser rescatados una serie de nuevos textos que destacan diversos momentos de nuestra historia y que fueron la base para formación de los para entonces, nuevos ciudadanos republicanos. Uno de ellos la recopilación realizada por Carlos Sánchez Silva (1824 y 1857) “Educando al Ciudadano: los catecismos políticos oaxaqueños del siglo XIX” cuya función histórica fue base de la formación política y de los proyectos educativos, bajo las nuevas orientaciones ideológicas. Utilizando “catecismo” como la palabra griega kathejismós que significa “repetición de viva voz”, técnica más sencilla para la instrucción popular a base de preguntas y respuestas.

Uno de ellos la recopilación realizada por Carlos Sánchez Silva (1824 y 1857) “Educando al Ciudadano: los catecismos políticos oaxaqueños del siglo XIX” cuya función histórica fue base de la formación política y de los proyectos educativos, bajo las nuevas orientaciones ideológicas. Utilizando “catecismo” como la palabra griega kathejismós que significa “repetición de viva voz”, técnica más sencilla para la instrucción popular a base de preguntas y respuestas. Y así encontramos para esa época una serie de catecismos políticos en la historia de México: En Puebla fue reimpreso en 1808 el “Catecismo Civil”, la “Cartilla o catecismo del ciudadano constitucional” en 1820 y el más popular en los años de independencia el “Catecismo político arreglado a la Constitución de la Monarquía española” reimpreso en la imprenta de San Felipe Neri en la ciudad de Puebla también en 1820, documentos que difundían ideas sobre los derechos y obligaciones del hombre, sobre la conformación del ciudadano moderno, sobre la necesidad de independencia y conformación de nuevos estados nación. Significativo de la lucha entre lo laico y lo religioso en México fueron la “Cartilla social o breve instrucción sobre los derechos y obligaciones del hombre en la sociedad civil (1833) de José Gómez de la Cortina y el “Catecismo político constitucional” (1861) de Nicolás Pizarro.

Desde esta perspectiva de nuestro desarrollo histórico, retomo el artículo de Mario Luis Fuentes: “la discusión sobre religión o creencias del jefe del Estado y de quienes encabezan las instituciones no debería ser tema de debate. En un Estado democrático, el laicismo es una política de Estado, porque ello garantiza las libertades de creencia, religión y pensamiento de todos. No se trata de coartar la posibilidad de nadie para expresar públicamente sus creencias, sino de que todos podamos hacerlo en un contexto de tolerancia y respeto a quien no cree lo mismo que nosotros. El tema de debate de fondo en un Estado democrático no es sobre si los políticos profesan la religión de la mayoría o si profesan siquiera algún tipo de creencia. Se trata de saber si el jefe del Estado o quien aspira a serlo y quienes encabezan a las instituciones públicas tienen una firme convicción republicana, si sus principios y valores son plenamente democráticos y si sus convicciones teóricas e ideológicas tienen un firme arraigo en una cultura de respeto y protección de los derechos humanos”. “Tampoco se trata de definir si quien gobierna puede hacer públicas o no sus creencias, sino de saber si éstas exigen de los demás aceptarlas a ultranza”, al grado de llevarlas al rango de nuestras Constituciones. Eso, no se ha discutido hoy a cabalidad.

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