Diputada Rocío García Olmedo
6 de mayo de 2010

Se hizo justicia a las indígenas de una comunidad de Querétaro,  hasta que la SCJN atrajo su investigación, escuchando la voz de muchas organizaciones civiles nacionales e internacionales, de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que emitieron recomendaciones todas ellas en el mismo sentido “no habían encontrado elementos de juicio suficientes  para demostrar  los delitos que se les imputaban” aún así fueron sentenciadas a 21 años de prisión.

Los Ministros de la SCJN acreditaron plenamente que fueron víctimas de persecución y represalias de “una institución que debiera tener como principal encomienda la procuración de justicia, la PGR, y después de un sistema penal que, en muchos casos, condena a inocentes y los priva de un juicio justo, imparcial, apegado a derecho y respetuoso de los derechos humanos”, sin duda confirman el cúmulo de deficiencias que hay en el sistema de justicia del país.

Sin duda, la SCJN con este resolutivo marcó un precedente en la defensa de los derechos humanos.

El primer paso ha sido  dado, sin embargo, el siguiente será que se castigue a los responsables, la PGR y el Juez tienen responsabilidades y deberán responder por ellas.

Ahora en medio de esas deficiencias comprobadas, las instituciones de procuración de justicia enfrentan  un nuevo procedimiento judicial la poblana oriunda de Chila de las Flores Beatriz Cariño Trujillo, ha sido asesinada cuando acompañada por otros luchadores sociales emprendía una caravana por la paz, llevaba ayuda humanitaria al municipio autónomo de San Juan Copala, comunidad que se encuentra en medio de montañas sitiada por paramilitares donde sus habitantes no pueden salir de la zona porque los asesinan, no pueden comunicarse pues los paramilitares les han cortado la luz eléctrica y todos los servicios y no tienen que comer o como atender a sus heridos.

Alberta Beatriz, activista incansable, tenía una larga trayectoria por los derechos humanos a favor de la libre determinación de los pueblos indios, comprometida con expresiones de lucha político-social laica, fundadora del Centro  de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) asociación civil que trabaja en proyectos de educación popular alternativos, derechos indígenas y derechos de las mujeres.

Relata  en su artículo de La Jornada Luis Hernández Navarro que en el panteón de Chila de las Flores un doliente le grito a su viudo “Que te quede claro a Alberta no la vas a enterrar. La vamos a sembrar, porque es de las flores más bellas, y su ejemplo dará fruto”

Hoy, la propia Procuraduría General de la República (PGR), la misma institución que culpó y violentó los derechos humanos de las indígenas  Alberta y Teresa por delitos que no cometieron, ha ejercitado su facultad para atraer  la investigación de los hechos donde perdió la vida Beatriz.

Ojalá que las evidentes irregularidades que vimos en el proceso judicial de Alberta y Teresa, así como en su momento el de Jacinta, liberada también meses antes, no se presenten en el caso de la poblana.

A las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa les fueron violados sus derechos humanos. Con Jacinta, Alberta y Teresa se ha dado un paso hacia la justicia.

Jacinta, Alberta y Teresa ya están con sus hijos y sus familias.

Beatriz defendía los derechos humanos de los pueblos indios.

Beatriz ya no va a poder regresar con sus dos hijos y su familia.

Con Beatriz hoy, queremos justicia!

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