DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA P R E S E N T E S Los suscritos Diputados Geraldine González Cervantes y Julián Peña Hidalgo, integrantes de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes: C O N S I D E R A N D O S Las eventualidades provocadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, pusieron a prueba la capacidad de reacción, organización y atención de las necesidades por parte de los diversos sectores del Estado. Aquel fenómeno natural generó pérdidas materiales y humanas, afectando el funcionamiento principalmente del sector educativo, así como el bienestar y la estabilidad económica y patrimonial de miles de familias poblanas. Dentro de los daños reportados se contabilizaron aproximadamente 22 mil viviendas afectadas, cerca del 20% como pérdida total; más de 2 mil escuelas dañadas, en algunas de las cuales su planta docente y estudiantil tendrá que ser reubicada; además del deterioro en hospitales, iglesias, edificios públicos e históricos, lo que requerirá para su rescate de una inversión importante no sólo de recursos, sino de voluntad y mano de obra. La anterior es una tarea que requiere de la participación y organización de todos los sectores de la sociedad, lo cual permitirá levantar no solo lo materialmente necesario, sino la voluntad del Estado y de sus habitantes, para lo cual es indispensable el manejo e inversión de los recursos y esfuerzos de manera plural, eficiente y transparente. Al respecto, recientemente nos pronunciamos por la necesidad de brindar claridad a la ciudadanía sobre los esfuerzos emprendidos por los actores involucrados, siendo prioridad conocer los medios de captación, administración e inversión de los recursos; la proyección, calendarización y justificación de acciones; los conductos para la participación y coordinación; avances y resultados; así como los medios de auditoria, transparencia y rendición de cuentas. Para las tareas de reconstrucción y regularización de la vivienda y los servicios, se contará con diversas fuentes de ingresos, como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); los Fondos para la Infraestructura Social Municipal; recursos públicos ordinarios, tanto federales como locales, etiquetados para la atención de la vivienda, salud, infraestructura, educación y servicios; así como los provenientes de la contratación del seguro por desastres naturales, donaciones y aportaciones privadas y sociales. En total, de acuerdo al dicho de diversas autoridades, se requiere de una inversión mayor a los 3 mil millones de pesos para levantar al Estado y normalizar su funcionamiento. Lo que hace necesaria la creación de una instancia colegiada y plural que fortalezca la credibilidad de las acciones y resultados, en donde tenga cabida la experiencia, liderazgo y profesionalismo de actores que no estén total y estrictamente ligados al sector público. Al efecto, en su momento planteamos la necesidad de crear una Comisión Estatal integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad civil, las cámaras de la construcción y la vivienda, de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros, de Universidades y de la iniciativa privada. Aquello, con el objeto de fortalecer la planeación y ejecución de las medidas para la reconstrucción. Hoy más que nunca necesitamos ciudadanizar la toma de decisiones. El sector público padece desde hace tiempo de una crisis de credibilidad y desconfianza; sus acciones se perciben en muchos casos como innecesarias, costosas e ineficientes; la ciudadanía no se siente respetada ni atendida por sus autoridades. Todo esto, nos obliga a ser más abiertos, incluyentes y transparentes, por lo que la idea de aplicar dichos criterios en los esfuerzos de reconstrucción de la entidad, a través de la Comisión Estatal mencionada, resultan atinados y convenientes. La propuesta de creación de la Comisión Estatal multicitada causo eco en el Poder Ejecutivo del Estado. Esto, ya que recientemente se nombró a un Comisionado Estatal para la Reconstrucción, quien se encargará de coordinar de manera interinstitucional los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por el reciente sismo. Su operación se apoyará en los equipos de trabajo de dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como en los centros de mando regionales establecidos. Lo anterior, hay que reconocerlo, es muestra clara de sensibilidad y voluntad. Sin embargo, y conscientes de que la responsabilidad de coordinación, determinación y vigilancia no puede ser tarea de una persona, consideramos que la medida quedo corta y el nombramiento insuficiente, toda vez que no se vislumbra, principalmente en lo que respecta a la recaudación, administración, inversión y transparencia en el ejercicio de los recursos, la participación de la sociedad civil y de la academia. Esto último resulta de gran relevancia ya que se puede generar la idea errónea de que el Estado funge como juez y parte, al ser un integrante del gobierno quien coordina y vigila las acciones que el propio sector público ejecuta. Resulta lamentable pero cierto que ante las contingencias no ha faltado quien pretenda lucrar, por lo que es importante agotar todos los esfuerzos para garantizar el bienestar inmediato y futuro de las personas que resultaran beneficiadas con el trabajo que se está ejecutando, y en consecuencia ningún esfuerzo se politice. Parte de esas medidas deben ser la pluralidad, certeza, transparencia y rendición de cuentas. Dos cabezas piensan mejor que una. En este sentido, insistimos en la idea de crear una Comisión que verdaderamente se integre y actué como un órgano colegiado, plural, donde los profesionales y expertos tengan voz, la ciudadanía opine y vigile a la autoridad y con ello quede convencida de su interés y actuación. A la fecha se ha hecho público por parte de los gobiernos federal y estatal el nombramiento de sus respectivos coordinadores para las tareas requeridas a partir del reciente sismo, sin embargo, hace falta formalizar la creación de un órgano colegiado que garantice la participación de los sectores empresarial, académico y social, y con ello la toma de decisiones plural. Esto último mandara el mensaje correcto a la ciudadanía de que se quiere actuar de forma incluyente, privilegiando ante todo la certeza, transparencia, eficiencia y sobre todo los resultados en beneficio de quienes perdieron su patrimonio. Aunado a lo anterior y con relación al conteo de daños, nos hemos enterado del deterioro de diversas obras públicas, como hospitales, escuelas y centros de salud, algunas de ellas de reciente creación. Lo anterior resulta inadmisible, así como social y legalmente reprobable. En este sentido, es importante que dentro de las revisiones que se realizan a estos espacios públicos se detecte si las afectaciones se relacionan con deficiencias en materiales o técnicas de construcción a cargo de las constructoras encargadas de las obras. Lo anterior, con el fin de emprender las acciones legales que obliguen a los responsables a subsanar sus faltas sin costos para el Estado, así como de penalizarlas, en términos de ley, para que en el futuro no sean consideradas dentro de las licitaciones en la entidad. Lo más importante para el Gobierno debe ser garantizar el bienestar de los ciudadanos. En este sentido es indispensable sancionar las fallas cometidas en detrimento del patrimonio, funcionamiento y bienestar del Estado y de sus habitantes. Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a su consideración el siguiente: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado que formalice la creación de un Órgano plural y colegiado encargado de programar, coordinar, vigilar y transparentar las acciones para la reconstrucción de la vivienda, escuelas, hospitales, espacios y servicios públicos, dañados por el sismo ocurrido el diecinueve de septiembre del año en curso, que integre como mínimo a representantes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a la Secretarías de la Contraloría, de Educación Pública y de Salud del Estado, así como a representantes de universidades, colegios de ingenieros y arquitectos, sociedad civil y de las cámaras de la construcción y la vivienda, con el fin de brindar certeza a la ciudadanía sobre las acciones y resultados alcanzados, y principalmente del origen, administración y aplicación de los recursos destinados a dichos fines. Solicitando para el efecto la creación y promoción de una página web en la que se detallen y actualicen aquellas medidas. SEGUNDO.- Se solicita a la autoridad referida en el punto anterior que derivado de la revisión de los inmuebles públicos deteriorados a consecuencia del sismo del diecinueve de septiembre del año curso, determine su grado de afectación y, en su caso, la relación de esto con omisiones u errores a cargo de las constructoras encargadas de las obras respectivas. Lo anterior, con el fin de exigir su reparación en términos de ley y de los contratos celebrados, así como para emprender las acciones que correspondan. TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, solicito la dispensa del trámite legislativo del presente asunto, por ser de urgente y obvia resolución. A T E N T A M EN T E CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 04 DE OCTUBRE DE 2017 DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO 1