DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E S
La suscrita Diputada integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del H. Congreso del
Estado de Puebla;  con fundamento en lo dispuesto por  los artículos  44 fracción II y 144
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
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fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y demás relativos  aplicables,  me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La administración pública debe ser  eficaz,  eficiente,  congruente y  planeará  el  desarrollo
económico y social del Estado, para que sea integral, equilibrado y conforme a los principios
del federalismo y la justicia social.
La administración pública estatal  la encabeza el  Gobernador  del Estado, quien se auxilia
para  el  estudio,  planeación y despacho de los  negocios  de su competencia de las
dependencias, entidades y organismos señalados en la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado.
El Ministerio Público es una institución dependiente del Poder Ejecutivo a cuyo cargo esta
velar por la exacta observancia de las leyes de interés público, hacer efectivos los derechos
concedidos  al  estado e intervenir en los  juicios  que afecten a personas a quienes la ley
otorga especial  protección.  Le
corresponde,  además,  la  investigación de los  delitos  y el
ejercicio de la acción penal ante los tribunales.
La Procuraduría General  de Justicia  para el  ejercicio  de sus atribuciones  cuenta con
Fiscalías Generales, Coordinaciones, Direcciones Generales, Direcciones, Coordinaciones,
Supervisiones  y demás  unidades  administrativas  necesarias para  el  desempeño de sus
atribuciones.
Las Fiscalías Generales actúan conforme a los lineamientos que emitan el Procurador y sus
Titulares;  tienen las  atribuciones  específicas  establecidas  en el  Reglamento de la  Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
De  acuerdo  con el  Reglamento citado actualmente la  Procuraduría General  de Justicia
cuenta con tres Fiscalías Generales: la Metropolitana; la Regional; y la Jurídica, de Derechos
Humanos y Atención a Víctimas del Delito. Esta última a su vez se auxilia de las Direcciones
de Atención a Delitos contra la Mujer y de Atención Integral a la Mujer, entre otras.


 
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El 31 de diciembre de 2012 se publicó
la  reforma al Código Penal del Estado mediante la
cual,  la  Quincuagésima Octava Legislatura del  Congreso del  Estado tipificó  el  delito de
feminicidio, cometiéndolo quien por razones de género priva de la vida a una mujer.
Lo anterior fue resultado de la imperiosa necesidad de encuadrar aquella figura antijurídica
motivada por el  odio o aversión a las mujeres;  por  celos extremos;  o por  conductas que
impliquen violencia  sexual,  amenazas  o acoso,  tormentos  o tratos  crueles, inhumanos  o
degradantes.
En el estado ha ido en aumento la cifra de homicidios en contra de mujeres, cuestión grave
que debe preocuparnos y ocuparnos.
Según cifras de la Procuraduría General de Justicia, al 20 de octubre de este año se tenían
registrados  siete casos  de feminicidio y 12 durante 2013,  mientras  que datos del
Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC da cuenta que fueron
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casos  los  ocurridos  de 2013 a la  fecha,  lo anterior  se debe  particularmente a la
calificación del delito y a la valoración de sus elementos constitutivos. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que en México se registran 
diariamente siete homicidios  contra  mujeres en promedio. Con datos  de la  Secretaría de 
Salud y del  Instituto Nacional  de Estadística y Geografía (INEGI),  la  representación de la 
ONU alertó que sólo el año pasado 2 mil 502 mujeres perdieron la vida.   
Según esos datos, entre 1985 y 2013 se registraron en México 44 mil 646 muertes femeninas 
que, de acuerdo con el certificado de defunción, habrían sido víctimas de feminicidio.   
Los  últimos  datos  de violencia  recogidos  en la  Encuesta Nacional  sobre  Dinámica  de las 
Relaciones en los Hogares, de 2011, muestran que 63 de cada cien mujeres de 15 años y 
más han padecido algún incidente de violencia en algún momento de su vida.   
En el ámbito de las relaciones de pareja, 27% han tenido al menos un incidente de violencia 
emocional, económica, física o sexual, ejercida por la pareja.   
En tanto, 15.5% de las mujeres, en el mismo rango de edad, fue víctima de violencia por 
parte de un desconocido, vecino o amigo.


 
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Aquellas cifras dan cuenta de que la discriminación y la violencia contra las mujeres y las 
niñas  en el  país  continúa siendo una de las  grandes  violaciones  en materia de derechos 
humanos.   
En el estado lamentablemente no estamos exentos de estas prácticas. Hechos recientes en 
los  que perdieron la  vida Karla López Albert,  quien tenía 5 meses  de embarazo,  e Iraís 
Ortega, estudiante de la BUAP asesinada por su novio y su amante por negarse a abortar, 
nos alertan sobre la necesidad de contar con instancias públicas encargadas de la atención y 
de la prevención de aquellos delitos.   
Como se ha hecho mención la Procuraduría General de Justicia cuenta con dos Direcciones 
encargadas de la atención de los delitos cometidos contra la mujer, sin embargo, debido al 
reciente aumento de los casos presentados y la particular atrocidad con la que algunos de 
ellos se han cometido, considero oportuno la creación de la Fiscalía General de Atención
de Delitos Sexuales y contra la Integridad Física de las Mujeres. 
Para hacer posible lo anterior es necesario reformar el Reglamento aludido, garantizando a la
vez el destino de los elementos técnicos y humanos para su correcto funcionamiento. Para el
caso, como primer medida se sugiere la desincorporación de las Direcciones de Atención a
Delitos contra la Mujer y de Atención Integral a la Mujer de la Fiscalía Jurídica, de Derechos
Humanos y Atención a Víctimas del Delito y su integración en la Fiscalía que se propone
crear. Aunado a lo anterior, es indispensable dotar a la Fiscalía de las atribuciones, unidades
y personal administrativo necesario para su correcto funcionamiento.
En
vista
de
lo  anterior
y
considerando
que
al  procurador
corresponde
someter  a
consideración del Ejecutivo estatal los reglamentos que rigen a la Procuraduría, así como la
creación, modificación o supresión de sus unidades administrativas, es oportuno hacer un
llamado al  Titular  del Poder  Ejecutivo del  Estado para  que instruya lo  necesario a fin de
concretar las modificaciones planteadas y con ello reforzar la prevención y ampliar el alcance
de la administración de justicia a favor de las mujeres poblanas.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:


 
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se solicita,  con pleno respeto a la división de poderes, al Titular  del Poder
Ejecutivo del Estado que instruya al Procurador General de Justicia del Estado, y a quien
considere pertinente,  a efecto de que realicen las adecuaciones al  Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como las acciones técnicas y
materiales  necesarias para  la  creación de la  Fiscalía General  de Atención de Delitos
Sexuales y contra la integridad Física de las Mujeres, disponiendo para su funcionamiento la
adscripción de las Direcciones de Atención a Delitos contra la Mujer y de Atención Integral a
la  Mujer,  así como la creación y destino de las  unidades  administrativas  y del  personal
necesario para su funcionamiento.
SEGUNDO.- Se solicita al  Titular  del  Poder  Ejecutivo del  Estado a que en su momento
realice el  nombramiento del  Fiscal  General  de Atención de Delitos  Sexuales  y contra la
integridad Física de las Mujeres.
TERCERO.- Se solicita a las  autoridades  descritas  dentro  del  punto primero  del  presente
acuerdo, a que dentro de las atribuciones de la Fiscalía de nueva creación se prioricen las de
vinculación y coordinación con las  instancias  y autoridades  municipales, estatales  y
federales, para la implementación de campañas de educación, información y concientización
sobre las causas del feminicidio, así como su prevención.
CUARTO.- Solicito se otorgue al presente acuerdo el trámite legislativo correspondiente.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 25 DE NOVIEMBRE DE 2014