Acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, para que los ingresos obtenidos derivado de las enajenaciones realizadas a los bienes inmuebles de su propiedad sean considerados preferentemente para los sectores de educación y salud, así como para efectuar acciones, obras, programas y servicios públicos encaminados a logar el beneficio social de la población.