Diputada Rocío García Olmedo
27 de abril de 2010

Human Rights Watch  (HRW) ha venido denunciando que desde que el Presidente Calderón inició su lucha contra el narcotráfico ha habido un “drástico incremento” en las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, por ello resulta trascendente que las comisiones unidas de Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos del  Senado de la República aprobaran después de una larga discusión el dictamen que reforma la Ley de Seguridad Nacional vigente desde el año 2005.

Su importancia radica en la urgencia de revisar y redefinir conceptos, hoy más que nunca necesario, debido a la realidad que vive el país, que ha dejado ya miles de muertos civiles y violentado derechos humanos.

Un elemento base es sin duda la incorporación del concepto de seguridad interior hasta ahora inexistente en el marco de la ley. Hoy se concluye que  la seguridad nacional tiene dos vertientes: la seguridad interior y la defensa exterior.

En esa virtud, se permite a la Fuerza Armada Permanente participar en ambas vertientes, pero, para su participación en la seguridad interior se da un procedimiento con lo que regula la actuación de Ejército y las fuerzas armadas.

Se prevé que el Presidente de la República emita –una vez cumplimentado el procedimiento- una  Declaratoria que deberá incluir no sólo la situación que motivó la intervención, también la ubicación geográfica, las medidas a implementarse y  muy especialmente la temporalidad de la acción, lo que elimina toda posibilidad a la discrecionalidad, como hasta ahora pareciera sucede.

En ningún caso procederá una Declaratoria solicitada por autoridades administrativas, judiciales o de trabajo y tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos de carácter político-electoral o de índole social.

Prevé además que cuando se trate de entidades federativas, los Ayuntamientos, los gobiernos estatales o los congresos de los Estados podrán solicitar la intervención de las fuerzas armadas.

La aprobación en Comisiones de este Dictamen, deberá ser presentada a la autorización del Pleno del Senado y enviada a la Cámara de Diputados; el procedimiento legislativo de hecho inicia, sin embargo, es de gran importancia comentar y profundizar en su estudio ya que los Senadores modificaron una serie de conceptos y propuestas que estipulaba la Iniciativa original enviada por el Presidente Calderón como el de “amenazas a la seguridad interna” o la facultad del Presidente para declarar la suspensión de garantías.

Sin duda la modificación de mayor trascendencia que incorporaron los Senadores al dictamen es la determinación de que los elementos de las fuerzas armadas que cometan delitos contra ciudadanos durante los operativos contra el crimen organizado serán juzgados por las autoridades civiles y deben tener el mismo tratamiento que cualquier fuerza policial en materia de control y cumplimiento de leyes en materia de derechos humanos. Y una regla básica en ningún caso se suspenderá las garantías de los ciudadanos y sus derechos humanos.

Si bien el fuero militar se mantendrá exclusivamente para aquellas tareas específicas de guerra donde seguirá tutelándosele en  base al Código de Justicia Militar;  no así cuando se trate de tareas de seguridad interior;  las cuales serán reguladas por las leyes civiles, de manera que las conductas que los miembros de las fuerzas armadas realicen y que pudieran ser constitutivas de delito en contra de personas civiles serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con lo cual se pretende evitar  la violación en civiles a sus derechos humanos  y con ello la impunidad que se ha presentado en diversos hechos que han sido documentados.

La discusión se trasladará ahora al Pleno del Senado de la República y seguramente muchas horas  más se llevará la discusión en comisiones de la Cámara de Diputados, ya que sin duda el retiro del fuero militar en asuntos de seguridad interna todavía tendrá mucho debate.

Fuente: Iniciativa de Ley de Seguridad Nacional.-Senado de la República.-2009
Versión Estenográfica de la discusión en Comisiones unidas de Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos del  Senado de la República.-Abril 23,2010

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