Diputada Rocío García Olmedo
22 de marzo de 2010

Leía recientemente que en México “debiéramos aprovechar la dimensión simbólica del 2010 para construir un nuevo diálogo social.”  Partiendo de esta premisa, sin duda todas y todos coincidimos en que hay acontecimientos diversos que requieren hoy día ese diálogo social en muchos ámbitos de la vida pública.

Uno de ellos es el caso de mujeres indígenas nañúz de Querétaro, detenidas desde hace tres años por haber “secuestrado” a elementos de la AFI. De ahí que al conocer la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conocer de oficio y de manera extraordinaria el recurso de apelación presentado en su juicio, me parece, puede ser considerado justamente en ése ámbito: la reconstrucción de ese diálogo social.

Para propios y extraños ha sido absolutamente incomprensible que en la última década en nuestro país sucedan casos como éste. Hace tres años las señoras Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González fueron detenidas acusadas de secuestrar a seis elementos de la AFI, la primera ya ha sido liberada, sin embargo las restantes han sido sentenciadas a 21 años de prisión.

El asunto motivó la intervención de organismos internacionales y nacionales, así como del movimiento amplio de mujeres, ya que sin duda y como bien se ha comentado estos hechos involucran violaciones a los derechos humanos de las mujeres y  de los pueblos indígenas.

De ahí la importancia del resolutivo de la Corte. El significado social que presenta este asunto permitirá discutir incluso el estado que guardan muchos más que tienen las mismas motivaciones “confabulación de autoridades y procesos viciados e irregulares” 

En la historia contemporánea de la Suprema Corte ha resuelto la revisión de manera extraordinaria de recursos de apelació, solamente en los casos de la demanda de genocidio por los hechos del 2 de octubre de 1968 y en el llamado “halconazo” de junio de 1971.

Ahora corresponderá a la Ministra Olga Sánchez Cordero, determinar si la acusación de la PGR en contra de esta mujeres indígenas es válida y deberá tomar en cuenta las conclusiones no acusatorias de la PGR en el juicio de la señora Jacinta Francisco Marcial detenida  junto con las señoras Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio por el mismo delito que permitieron su liberación.

Esta revisión jurídica del proceso en contra de las indígenas nañúz sin duda tendrá repercusiones jurídicas fundamentales que serán sustento para otros juicios y el significado social de esas repercusiones sin duda contribuirán a la propuesta de reconstruir un nuevo diálogo social.

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