Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa
27 de enero de 2010

El principio fundamental de esta ley planteaba la distribución de los recursos públicos para las entidades federativas, en función no sólo de dónde se generara la recaudación, sino dependiendo del grado de desarrollo regional, criterio que en la actualidad se ha desvirtuado.

La realidad es que, hoy, si bien se ha avanzado en muchos rubros, aún no existe flexibilidad en el uso de los recursos aportados por la Federación, ya que los mismos están etiquetados.

En esta lógica, el monto de los recursos que se destinan a Puebla no empata respecto a las necesidades reales en materia de combate a la pobreza.

Por citar un caso, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal FAISE se determina a partir del 0.303% de la Recaudación Federal Participable; se distribuye a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la que considera el índice Global de Pobreza, que surge de una fórmula que toma en cuenta: Ingreso per cápita; nivel educativo; disponibilidad de espacio en la vivienda; disponibilidad de drenaje; disponibilidad de electricidad o combustible para cocinar, y se destina para obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.
 
Técnicamente lo anterior tiene un sustento lógico, pero el problema radica en que no existe certeza en la definición de las variables que utiliza la fórmula, ya que las mismas pueden ser modificadas según el criterio de la Secretaria de Desarrollo Social Federal, sin que existan parámetros determinados que hagan real la medición de la pobreza.

Es decir, lo que falta aquí es que para definir los criterios de pobreza extrema, se atienda la información generada por los propios Estados con respecto a las necesidades básicas, a través de bases de datos actualizados y no solamente por la fundamentación de los censos que, si bien son un referente importante, no se actualizan de manera constante.

Es por ello que como integrante de la fracción parlamentaria del PRI presentaré una iniciativa para que el Pleno del Congreso local apruebe una propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de que se envíe al Congreso de la Unión.

De esta manera se pondría a discusión los artículos 34, 35 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de considerar la información que otorguen los Estados para definir los criterios de pobreza extrema utilizados en los programas Federales, mismos datos que podrían ser corroborados por las delegaciones de las dependencias del Gobierno de la República.

En síntesis, se trata de darle un trato más justo a los que menos tienen, otorgándoles más recursos a los que más lo necesitan y de verdad avanzar en el combate a la marginación y la pobreza que durante los últimos años se ha incrementado considerablemente.

• Diputado del PRI y Presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado