2009-06-24

La inseguridad pública se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, todas y todos hemos percibido cómo se incrementa la delincuencia y cómo cada vez es mas violenta y mejor organizada, creando un clima de inseguridad y de desconfianza en la población, dando lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social.

Datos del ranking Global de Paz 2009 señalan que en los últimos tres años nuestro país ha mantenido un deterioro sostenido en sus índices de seguridad, lo que contraviene a una de las responsabilidades primarias y esenciales del Estado mexicano: proteger y garantizar, la integridad física y el patrimonio de la población, como base de certidumbre, confianza, orden y estabilidad que permita un desarrollo sólido tanto en lo económico como en lo social y político.

El Doctor Sergio García Ramírez ha señalado que la seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existan condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.
Lograr estas condiciones implica no solo la participación del Estado sino también de la sociedad en su conjunto, si bien son los gobiernos los facultados para proveer las acciones necesarias para dar seguridad al ciudadano, a su familia y garantizar el orden y la paz públicos; los datos registrados señalan que cada vez más delitos afectan a un número mayor de ciudadanos y que, en los últimos cuatro años se han registrado las cifras más altas de incidencia delictiva, de ahí la urgencia de lograr los mecanismos que permitan impulsar acciones coordinadas desde la federación, los estados, los municipios cada uno en el ámbito de sus competencias.

En esta suma de esfuerzos se da la responsabilidad del Poder Legislativo: El Congreso de la Unión aprueba la Ley Federal de Seguridad Pública y el Congreso del Estado de Puebla, asumiendo su compromiso aprobó por unanimidad la semana anterior la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con la cual se cumple con el mandato federal para crear el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Esta Ley incluye la creación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y otorga a los alcaldes la facultad para controlar el armamento de las corporaciones municipales, contempla la profesionalización de los elementos de las distintas corporaciones en la que se establecen mecanismos rigurosos de control ingreso y permanencia del personal, incluidos los que dan servicio en empresas de seguridad privada.

Crea un banco de información criminalística que las dependencias a nivel federal, estatal y municipal deberán compartir de forma obligatoria.

Crea también un padrón para el control del armamento que porten los uniformados, como el calibre, el tipo de arma, número de serie, las patrullas y todo el equipo que utilicen los policías, dicho padrón contendrá la información de todo el personal con la finalidad de evitar que un elemento que cause baja a consecuencia de un acto en contra del reglamento de la Policía, sea recontratado en otro municipio o estado.

Y un elemento fundamental para lograr esa conjunción es la incorporación de la participación ciudadana. La sociedad civil tiene el potencial de jugar un papel central en esta materia; para servir como un mecanismo social de control y rendición de cuentas, documentando prácticas, denunciándolas o felicitándolas según sea el caso. Su papel es similar y complementario a las responsabilidades del gobierno; fomentando una educación ciudadana para realizar campañas exhortando a los ciudadanos a denunciar hechos ilícitos, situaciones de riesgo o personas dedicadas a actividades ilícitas, procurando el anonimato de la denuncia; por la información sobre las percepciones sociales de la criminalidad; en la conformación de grupos de observadores ciudadanos que colaboren con las autoridades en materia de seguridad pública para la identificación y desactivación de zonas de alto riesgo delictivo.

Derivado de lo anterior se modifica la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para contemplar entre otros, la creación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y el servicio de carrera ministerial, pericial y policial, con lo que los policías judiciales se convierten en agentes ministeriales para previa capacitación, se logre una mejor integración de averiguaciones previas, evitando que los delincuentes burlen la acción de la justicia por procedimientos mal integrados, con lo que se integra el sistema de investigación como herramienta para la prevención del delito.

Se establece también la Carrera Policial, basada en los antecedentes, la antigüedad, los estímulos y los reconocimientos obtenidos, la cual será la base para la obtención del Certificado Único Policial.

“Ninguna persona podrá ingresar a los cuerpos de Seguridad Pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema; sólo ingresarán y permanecerán en los cuerpos aquellas personas aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización”.

La homologación de las policías evitará que cada trienio se forme nuevas policías y que a los mandos llegue personal que no esté capacitado para el puesto por sólo ser parte del personal del gobernante entrante.

Los presidentes municipales formarán parte del gabinete de Seguridad Pública y serán los responsables de la administración de los recursos y del armamento de cada municipio.

Se hicieron reformas también a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y a la Ley Orgánica Municipal para homologar esta materia.

En la lucha por la seguridad pública, esta Ley podrá tener resultados si las ciudadanas y ciudadanos participamos en vigilar su aplicación para ello hay que conocerla, podrá también ser medible sus efectos por el número de delitos cometidos y denunciados si logramos una acción fundamental: promover la cultura de la denuncia por parte de las víctimas de los delitos.

Por ser un tema que compete a todas y todos les invitamos a conocer estas Leyes en la página electrónica del Congreso del Estado de Puebla.

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