2009-09-21

Hace algunas semanas se conoció en voz del Presidente Felipe Calderón de la renuncia presentada por Eduardo Medina Mora como Procurador General de la República, días después el Presidente hace llegar al Senado de la República su propuesta para nombrar en este cargo a Arturo Chávez Chávez.

A partir de conocerse el nombramiento del Presidente Calderón para un cargo que hoy por hoy es de la más alta importancia en el país, diversas organizaciones empezaron a alzar la voz en contra de este nombramiento que deberá ser ratificado por el Senado de la República en cumplimiento a la Constitución.

Lo anterior, debido al largo historial de violaciones a los derechos humanos cometidos por Arturo Chávez Chávez entre 1992 y 1999 años en los que ocupó diversos cargos en la Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, después como Procurador y posteriormente Delegado de la Procuraduría General de Justicia en ese estado.
Al historial de violaciones a los derechos humanos debidamente documentadas, se suman acusaciones por múltiples negligencias cuando iniciaron los homicidios múltiples de mujeres y por solapar a bandas de delincuentes. El período en el que Chávez fungió como subprocurador y procurador en Chihuahua, fue uno de los períodos con mayor auge de casos de feminicidios en Ciudad Juárez.

El Procurador General de la República en aquella época era el también panista Antonio Lozano Gracia, quien por cierto es actualmente socio del despacho jurídico del personaje nombrado por el Presidente de la República.

Vayamos al historial: En 1997 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emitió una recomendación al entonces gobernador Francisco Barrio para sancionar a los funcionarios responsables de agredir a un grupo de manifestantes del ejido de Monterde. Entre ellos aparece el nombre de Arturo Chávez Chávez. Recomendación no atendida.

Este personaje también solapó por esas mismas fechas a una banda de asaltabancos que operó en todo ese estado y que era lidereada por el entonces panista Luis Prieto Tovalí. Cuando fueron detenidos estos delincuentes portaban chalecos antibalas y armas pertenecientes a la Procuraduría de Justicia. Esta información ocultada en su inicio por Chávez Chávez, fue conocida públicamente hasta finales de febrero de 1999, tres años después de la detención.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó en 1999 que Arturo Chávez Chávez y varios funcionarios estatales más, bloquearon las investigaciones sobre personas desaparecidas en Juárez, entre ellas la del juarense Alfonso Saad Cordero, en 1998. Asimismo Amnistía Internacional, La Organización de las Naciones Unidas, entre otros organismos nacionales e internacionales emitieron diversas recomendaciones pidiendo desde su remoción, hasta su enjuiciamiento por desacato.

En este mismo año la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la recomendación 044/1998 en la que señala que Arturo Chávez tenía la responsabilidad constitucional y legal de investigar, perseguir y consignar a los presuntos responsables de los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, sin embargo no lo hizo. Se pidió al gobernador Francisco Barrio aplicara a Chávez Chávez la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por las omisiones en que incurrió ante violaciones y crímenes de más de 100 mujeres ocurridas en Ciudad Juárez entre 1993 y 1998. Petición no atendida.

Todo lo anterior está debidamente documentado y es parte de una serie de cartas y desplegados que mas de 100 organismos civiles nacionales e internacionales han hecho llegar al Senado de la República para que sean tomadas en cuenta en el debate que ya se ha iniciado para la ratificación de nombramiento como Procurador General de la República de Arturo Chávez Chávez, incluída la opinión que hizo llegar un parlamentario europeo en contra también de esta ratificación.

De ahí que el Senado de la República aperturó diversas audiencias para escuchar a las organizaciones civiles, que se han venido desahogando, familiares de víctimas de feminicidio han solicitado también reunirse con Senadores para exhortarlos a la No ratificación de este nombramiento.

Hoy lunes por la tarde comparece Arturo Chávez Chávez ante la Comisión de Justicia del Senado de la República para tratar de conseguir su ratificación al nombramiento de Procurador General de la República.

La Comisión de Justicia es presidida por el panista Alejandro González Alcocer, está integrada por 13 Senadores: cuatro del PAN, cuatro del PRI, tres del PRD, uno del PVEM y uno más de Convergencia.

En principio estos Senadores tienen la responsabilidad de su voto para ratificar este nombramiento, más allá del resultado de la votación, es fundamental que todas y todos conozcamos la propuesta que el Presidente Calderón hace para nombrar procurador a una persona no confiable y totalmente inelegible por razones éticas, políticas y jurídicas para este cargo.

Por ello rechazamos la propuesta del Presidente Felipe Calderón.

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