CC. DIPUTADOS DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E





RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y






EXPOSICIÓN DE MOTIVOS






Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2017 del Estado de Puebla en el Eje 4
Política  Interna,  Seguridad  y  Justicia  contiene  en  los  Objetivos  y  proyectos estratégicos 2011-2017 el conducir la política interna del Estado para impulsar la transformación de Puebla y la vida de sus habitantes. Con base en la corresponsabilidad, Puebla se convertirá en una sociedad más próspera, donde su gente se sienta apoyada y protegida por una administración pública eficaz, eficiente, honesta y sobre todo, cercana a ella.  Lo anterior requiere denotar un proceso de transformación orientado tanto a la modernización de las leyes, las instituciones y los instrumentos  jurídicos  que  darán  certeza  a  los  poblanos  en  sus  bienes  y  sus relaciones, como al fomento de la corresponsabilidad ciudadana a través de la denuncia y la participación activa en las acciones de gobierno.



Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue reformada en el primer párrafo del artículo 150 por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación  el  seis  de  junio  de  2012,  y  se  estableció  en  el  artículo  Segundo Transitorio  el  deber  de  las  entidades  federativas  para  adecuar  las  disposiciones







aplicables en la materia de conformidad con lo dispuesto en el mencionado ordenamiento General y  en la Ley Federal de Seguridad Privada.



Que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de julio de 2009, contiene vigente  un Título Octavo con las disposiciones que aplican a las empresas de seguridad privada, dividiendo en seis capítulos desde los requisitos para su registro y funcionamiento hasta las sanciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, dichas disposiciones son materia de análisis y adecuaciones en esta iniciativa para concordar con los requisitos de la Ley Federal de la materia.



Que esta Ley se dirige a la innovación y eficiencia Institucional  con la finalidad de otorgar  a  los  poblanos  el  gobierno  moderno  e  innovador  que  frene  las  malas prácticas,  reducir los gastos, aumentar la calidad de los servicios y dar respuesta a las  necesidades  e  intereses  de  la  sociedad  y  para  lo  anterior,  se  asigna  a  la Secretaría General de Gobierno, la autorización del registro para el funcionamiento de  empresas   de  seguridad   privada,  la  verificación   del  cumplimiento   de  las obligaciones que a éstas les constriñe por Ley y los procedimientos que para su sanción  pudieren llegar a originarse.



Que integrada por seis Títulos y cuarenta y dos artículos, se propone una Ley de Seguridad Privada en la que se establecen, entre otras, las disposiciones que contienen las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno en la materia.




Los servicios de seguridad privada que podrán otorgar en el Estado, serán en las modalidades que también establece la Ley Federal de la materia.



Se disponen las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servicios de seguridad privada que se presten sólo en el territorio del Estado y para los que se







encuentran con Registro Nacional, caso en que los particulares autorizados deberán cumplir la regulación local, la cual, por disposición de ley, no puede exceder los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada.




Se   prevén   los   requisitos   y   condiciones   para   la  prestación   del   servicio,   la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.




Se establece en cumplimiento también a disposiciones federales que las empresas privadas de seguridad tienen que someter a su personal a procedimientos de capacitación,  garantizando con ello la prestación del servicio en beneficio de quien los contrata.



Por último, se sustentan en Ley las facultades de la Secretaría General de Gobierno para verificar que, una vez en funcionamiento, las personas que otorguen servicios de seguridad privada mantengan en vigencia los requisitos para su legal funcionamiento.



Que en mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 63, fracción I, 70, 79, fracciones II y VI y 84, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; tengo a bien someter a la consideración de esa Honorable Soberanía para su estudio, análisis, y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de:







DECRETO  POR  EL QUE  SE  EMITE  LA  LEY  DE  SEGURIDAD  PRIVADA  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE REFORMA LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.



ARTÍCULO PRIMERO.- Se emite la Ley de Seguridad Privada del Estado Libre y
Soberano de Puebla, para quedar como sigue:




LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA


TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES


CAPÍTULO ÚNICO


Artículo  1.- La presente  ley es de orden público,  interés  social,  de observancia general y tiene por objeto regular la prestación de los servicios de seguridad privada en el Estado de Puebla.


Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:


I. Autorización: El acto administrativo que permite a una persona física o jurídica prestar servicios de seguridad privada;


II.  Ley: La Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla;


III. Modalidad: La particularidad del servicio de seguridad privada autorizado al prestador;


IV. Modificación:   El  acto   administrativo   a  través   del  cual  se  amplían   o disminuyen modalidades otorgadas en la autorización o su revalidación;







V.  Prestador de Servicios: La persona física o jurídica legalmente establecida con autorización para prestar servicios de seguridad privada en las modalidades que señala esta Ley y su Reglamento;


VI. Personal Directivo: Personas físicas que, en una persona jurídica, tengan el carácter de asociados, socios, accionistas, propietarios, administradores, representantes legales, apoderados legales y especiales;


VII.  Personal Administrativo: Aquel cuyo trabajo consiste en ordenar, disponer y organizar el funcionamiento de la prestación del servicio;


VIII. Personal Operativo: Aquel cuyo trabajo está directamente relacionado con la vigilancia, custodia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, su traslado, investigaciones y localización de bienes o cualquiera de los referidos con alguna de las modalidades reguladas por esta Ley; excepto aquel   cuyas   labores   son   de   dirección   o  supervisión   técnica   o administrativa;


IX. Personal  Técnico:  Personas  físicas  destinadas  a desempeñar  actividades directamente relacionadas con la seguridad de base de datos; instalación de alarmas y monitoreo de vehículos o inmuebles, e instalación o comercialización de sistema de blindaje;


X.  Prestatario: La persona física o jurídica, o ente público o privado, que recibe los servicios de seguridad privada;


XI. Secretaría General de Gobierno:   La Secretaría General de Gobierno del
Estado;


XII.  Registro Nacional: Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de
Seguridad Privada;


XIII. Registro Estatal: Registro Estatal de Seguridad Privada;


XIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Estado de
Puebla;








XV.  Revalidación: El acto administrativo por el que se ratifica la validez de la autorización por un nuevo período;


XVI. Seguridad   Privada:   Servicio   que   prestan   los   particulares   en   las modalidades que señala la Ley Federal de Seguridad Privada y artículo 15 de esta Ley; y


XVII. Servicios de Seguridad Privada: Aquellos que son realizados por personas físicas o jurídicas, de acuerdo con las modalidades previstas en esta Ley.


Artículo 3.- La aplicación e interpretación, en el ámbito administrativo de la presente Ley, corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno y tiene los fines siguientes:


I. La regulación y registro de los prestadores de servicios;


II.  La prevención de delitos que puedan cometerse por actividades vinculadas a la seguridad privada;


III. La regulación y el registro del personal directivo, administrativo, operativo y técnico, para prevenir que personas no aptas desde el punto de vista legal, presten servicios de seguridad privada;


IV. El establecimiento de bases de coordinación con los tres órdenes de Gobierno y los prestatarios de servicios, para lograr en beneficio de la colectividad las mejores condiciones en materia de seguridad privada;


V.  La estructuración de un banco de datos, que permita la detección de factores criminógenos, a través de la observación de conductas, que el prestador de servicios ponga en conocimiento de la Secretaría General de Gobierno;


VI. El establecimiento de un sistema de evaluación, certificación y verificación, de los prestadores  de servicios,  y de su personal  directivo,  administrativo, operativo  y técnico,  así como  de la infraestructura  relacionada  con las







actividades  y  servicios  de  seguridad  privada,  de  conformidad  con  las disposiciones establecidas en la presente Ley;


VII.  La consolidación de un régimen que privilegie la función de supervisión y vigilancia preventiva, a fin de otorgar certidumbre a los prestatarios y se proporcionen las garantías necesarias al prestador de servicios en la realización de sus actividades; y


VIII. Procurar políticas, lineamientos y acciones, mediante la suscripción de convenios con las autoridades competentes y las bases de coordinación entre la Federación,  los Estados,  Distrito Federal  y Municipios,  para la mejor organización, funcionamiento, regulación y control de los servicios de seguridad privada, en el marco de las normas contenidas en la Ley General.


Artículo 4.- La Ley se aplicará atendiendo a las disposiciones que en la materia establecen:


I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;


II.  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;


III. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;


IV. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;


V.  La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; VI. La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla y su Reglamento; VII.  Los demás ordenamientos federales y estatales aplicables.
Artículo 5.- Para lo no previsto en la presente Ley, se aplicará de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.







Artículo 6.- Los prestadores de servicios de seguridad privada tendrán la obligación de coadyuvar con las autoridades e instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o en cualquier otro caso, previa solicitud de las autoridades Estatales  o  Municipales  competentes,  con  las  limitaciones  que  establezca  la autoridad respectiva.


Queda  prohibido  a  los  prestadores  de  servicios  de  seguridad  privada  ejercer funciones exclusivas de las autoridades en materia de seguridad pública.



Artículo 7.- Los prestadores de servicios se regirán por las normas que esta Ley y las demás aplicables para la materia, incluyendo los principios previstos en el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


TÍTULO SEGUNDO
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


CAPÍTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES


Artículo 8.- Para efectos de la presente Ley, la Secretaría General de Gobierno tendrá, entre otras, las siguientes facultades en materia de seguridad privada:


I. Recibir las solicitudes y emitir constancia de autorización para prestar servicios, de conformidad con los requisitos que al efecto se establezcan en la presente Ley y el Reglamento;


II.  Emitir la constancia de revalidación o modificación, y suspender o revocar la autorización para prestar los servicios de seguridad privada en el Estado, de conformidad con los requisitos que al efecto se establezcan en la presente Ley;


III. Conocer  y  resolver  los  procedimientos  administrativos  en  contra  de  los prestadores de servicio que incumplan con las obligaciones establecidas en la Ley y en el Reglamento y determinar las sanciones aplicables;







IV. Realizar el estudio, análisis y diagnóstico de las solicitudes de autorización, revalidación y modificación, presentadas por los peticionarios;


V.  Mantener  actualizado  el padrón  de prestadores  de servicio  y del personal directivo, administrativo, operativo y técnico;


VI. Supervisar que los prestadores del servicio cumplan con las disposiciones de esta Ley, el Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables;


VII.  Implementar acuerdos con los prestadores del servicio, a fin de instrumentar los planes y programas de capacitación y adiestramiento que autorice o imparta la Secretaría General de Gobierno;


VIII. Establecer, operar y mantener actualizada la información que alimenta al
Registro Nacional;


IX. Realizar visitas de verificación de carácter ordinario o extraordinario, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables;


X.  Comprobar que el personal operativo se encuentre debidamente capacitado y concertar con el prestador de servicios, la instrumentación y modificación de sus planes y programas de capacitación y adiestramiento;


XI. Ejecutar   las   sanciones   que   procedan,   por   el   incumplimiento   de   las disposiciones previstas en esta Ley y el Reglamento;


XII.  Expedir, previo pago de derechos respectivos, la cédula de identificación de personal operativo, misma que será de uso obligatorio, y cuyos requisitos serán establecidos en el Reglamento;


XIII. Realizar, las consultas en el Registro Nacional de antecedentes policiales, respecto del personal directivo, administrativo y operativo;







XIV. Analizar la consulta del prestador de servicios, respecto de la justificación para que su personal operativo pueda portar armas de fuego en el desempeño del servicio, y emitir la opinión que resulte procedente;


XV. Llevar    el    control    mensual    de    las    altas    y    bajas    de    vehículos, radiocomunicación,   aditamentos   de  seguridad,   armamento,   comando canino y demás equipo utilizado para la prestación del servicio;


XVI. Atender  y dar seguimiento  a las quejas  que interponga  la ciudadanía  en general, en contra del prestador de servicios;


XVII. Promover, por conducto del área competente, el inicio de las averiguaciones previas o carpetas de investigación contra personas físicas o jurídicas que se encuentren prestando servicios de seguridad privada, sin la autorización correspondiente;


XVIII.  Llevar el registro de altas y bajas del personal directivo, administrativo, operativo y técnico de los prestadores de servicios;


XIX. Inscribir  el  cuestionario  de  identificación  fotográfico  y  dactiloscópico  de personal directivo, administrativo y operativo; y


XX.  Las demás que le confiere esta Ley, el Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables.


Artículo 9.- El personal operativo de los prestadores de servicio sólo podrá portar armas de fuego cuando estos obtengan la licencia expedida por la autoridad competente en términos de la legislación aplicable.


Artículo  10.-  El  prestador  de  servicios  debidamente  autorizado,  podrá  solicitar opinión de la Secretaría General de Gobierno sobre la justificación de la necesidad de portación de armamento, con el objeto de tramitar la licencia particular o colectiva de portación de armas de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional.


Cuando el prestador de servicios ya cuente con la licencia particular o colectiva para portar  armas,  emitida  a su favor  por la Secretaría  de la Defensa  Nacional,  sólo







notificará  este  hecho  a  la  Secretaría  General  de  Gobierno  presentando  copia certificada del permiso.



CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL




Artículo 11.- Los convenios o acuerdos a que se refiere la fracción VIII del artículo 3 de la presente Ley, buscarán facilitar:


I. La prevención, control, solución y toma de acciones inmediatas a problemas derivados de la prestación del servicio de seguridad privada en el Estado; y


II.  La homologación de los criterios, requisitos y obligaciones en esta materia, respetando la distribución de competencias, con el fin de garantizar que los servicios de seguridad privada se realicen en las mejores condiciones de eficiencia y certeza en beneficio del prestatario.



CAPÍTULO III
DEL REGISTRO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS, PERSONAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD PRIVADA



Artículo  12.-  La  Secretaría  General  de  Gobierno  creará  y  operará  un  Registro Estatal de Seguridad Privada, mismo que constituirá un sistema de consulta y recopilación de información integrado por los datos suministrados por el prestador de servicios.



Artículo 13.- La Secretaría General de Gobierno implementará mecanismos y procedimientos para mantener el Registro Estatal, así como para actualizar la información  del  Registro  Nacional,  de  conformidad  con  los  criterios  que  fije  la instancia federal competente, para la supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios, su personal, armamento y equipo.










Toda persona que preste los servicios está obligada a proporcionar para el Registro Estatal, los datos que se señalen en esta Ley y su Reglamento.  La información proporcionada a la Secretaría General de Gobierno será reservada o confidencial, en su caso, en los términos de la legislación aplicable.



Artículo   14.-   Los   prestadores   de  servicios   de   seguridad   privada   deberán proporcionar para el Registro Estatal de Seguridad Privada, la información siguiente:


I. La   identificación   de   la   autorización,   revalidación   o   modificación   de   la autorización para prestar los servicios, o del trámite administrativo que se haya desechado, sobreseído, negado, revocado, suspendido o cancelado;


II.  Los datos generales del prestador de servicios;


III. La ubicación de su oficina matriz y sucursales en el Estado;


IV. Las modalidades del servicio;


V.  El nombre del administrador, apoderado legal o representante legal;


VI. Las modificaciones o protocolizaciones de las actas constitutivas y cambios de administrador o apoderado legal o representante legal;


VII.  Opiniones  sobre las consultas  del prestador  de servicios,  respecto  de la justificación para que sus elementos puedan portar armas de fuego en el desempeño del servicio, otorgadas, modificadas, en trámite, y desechadas o negadas;


VIII. Los datos del personal directivo, administrativo, operativo y técnico;


IX. Identificación   del  personal  directivo,  administrativo,   operativo   y  técnico, debiendo incluir: sus datos generales; información para su plena identificación y localización; antecedentes laborales; altas, bajas, cambios







de  adscripción,  de  actividad  o  rango,  incluidas  las  razones  que  los motivaron; equipo y armamento asignado; sanciones administrativas o penales aplicadas; referencias personales; capacitación; resultados de evaluaciones  y demás  información  para el adecuado  control,  vigilancia, supervisión y evaluación de dicho personal;


X.  Armamento,  vehículos  y equipo, incluyendo  los cambios en los inventarios correspondientes y demás medios relacionados con los servicios de seguridad privada; y


XI. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.


TÍTULO TERCERO
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA


CAPÍTULO I
DE LAS MODALIDADES


Artículo 15.- Quedan comprendidas dentro de los servicios de seguridad privada las modalidades siguientes:


I. Seguridad  Privada  en  Traslado  de  Bienes  y  Valores.-  Consiste  en  la prestación  de servicios  de custodia,  vigilancia,  cuidado  y protección  de bienes muebles o valores, durante su traslado;


II.  Seguridad Privada en Investigación.- Se refiere a sistemas de prevención y responsabilidades  para  obtener  informes  comerciales,  de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas;


III. Seguridad Privada en los Bienes.- Consiste en la prestación del servicio de custodia, cuidado, protección y en su caso localización de bienes muebles e inmuebles, comerciales o no comerciales;


IV. Seguridad  Privada  a  Personas.-   Consiste  en  la  protección,  custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal del prestatario;







V.  Seguridad   Privada   de  la  Información.-   Consiste  en  la  preservación, integridad y disponibilidad de la información del prestatario, a través de sistemas de administración de seguridad de bases de datos, redes locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como respaldo y recuperación de dicha información, sea ésta documental, electrónica o multimedia;


VI. Servicios  de  alarmas  y  de  monitoreo  electrónico.  Consistente  en  la instalación  de  sistemas  de  alarmas  y  monitoreo  en  vehículos,  casas, oficinas, empresas  y en todo tipo de lugares que se quiera proteger o vigilar, a partir del aviso de los prestatarios, así como recibir y administrar las señales enviadas a la central de monitoreo por los sistemas, y en forma inmediata,  dar  aviso  de las mismas,  tanto  a las  autoridades correspondientes como a los usuarios de los sistemas y equipos, así como a los prestatarios;


VII.  Actividad Vinculada con Servicios de Seguridad Privada.- Se refiere a la actividad relacionada directa o indirectamente con la instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores y establecimientos, y de los equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados; y


VIII. Actividades   relacionadas   con   consultoría.-   Consistente   en  brindar asesoría en materia de análisis para la prevención de riesgos y vulnerabilidades.


Para  la  prestación  del  servicio  se  atenderán  las  restricciones  que  señale  el
Reglamento.




CAPÍTULO II
DE LA AUTORIZACIÓN, REVALIDACIÓN Y MODIFICACIÓN


Artículo 16.- Para prestar servicios de seguridad privada en el Estado se requiere autorización previa de la Secretaría General de Gobierno, para lo cual la persona







física o jurídica deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y el
Reglamento.


La Secretaría General de Gobierno recibirá por escrito la solicitud de autorización junto con los antecedentes y el pago de derechos previstos en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda, así como los demás requisitos que establece esta Ley y su Reglamento, mismos que se tomarán en cuenta al momento de resolver lo procedente.


Una vez cubiertos todos los requisitos, la Secretaría General de Gobierno emitirá el diagnóstico correspondiente, señalando si es procedente otorgar la autorización solicitada.  El solicitante contará con un término de noventa días hábiles para exhibir ante la Secretaría General de Gobierno el original del pago de derechos de la cédula que acredite la autorización otorgada para la prestación de servicios de seguridad privada, que contenga la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente; en caso de no presentar oportunamente el pago de derechos en el término   establecido,   la  Secretaría   General   de   Gobierno   hará   constar   esa circunstancia y ordenará archivar el expediente.



Artículo  17.- La autorización  que se otorgue  mediante  resolución  emitida  por la Secretaría General de Gobierno, será personal e intransferible, contendrá el número de autorización,  modalidades  que se autorizan  y condiciones  a que se sujeta la prestación de los servicios de seguridad privada.


La vigencia será de un año a partir de la fecha de autorización y para ello se expedirá la respectiva constancia.


Queda prohibido prestar servicios de seguridad privada dentro del Estado si previamente no se obtiene la autorización correspondiente expedida por la Secretaría General de Gobierno, independientemente de haber obtenido autorización previa de la Federación.


Artículo 18.- Si el peticionario de la autorización no acompaña a su solicitud los requisitos señalados en la presente Ley y el Reglamento, la Secretaría General de Gobierno dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la misma,







prevendrá al interesado para que en un plazo improrrogable de veinte días hábiles, subsane  las  omisiones  o  deficiencias  que  en  su  caso  presente  la  solicitud; transcurrido dicho plazo sin que el interesado haya subsanado las omisiones o deficiencias de la solicitud, ésta se desechará de plano.


Artículo  19.-  Para  revalidar  la  autorización  otorgada,  el  prestador  de  servicios deberá, por lo menos  treinta días hábiles previos al vencimiento de la vigencia de la autorización  o  de  la  última  revalidación,  solicitarlo  por  escrito,  previo  pago  de derechos que contenga la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente a la Secretaría General de Gobierno, manifestando, bajo protesta de decir verdad, no haber variado las condiciones existentes al momento de haber sido otorgada o revalidada, o bien, deberá actualizar la documentación que así lo amerite, tal  como  los  inventarios,  movimientos  de  personal  y  demás  que,  conforme  a  lo previsto en la Ley y el Reglamento y previa revisión de su expediente, determine la Secretaría General de Gobierno.


Una vez que se hayan cubierto los requisitos necesarios, la Secretaría General de Gobierno analizará la solicitud y, en un término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que se reciba la misma, determinará la procedencia o no de otorgar la revalidación de la autorización para la prestación de servicios, mediante resolución debidamente fundada y motivada. De ser procedente la revalidación, el prestador de servicios deberá realizar el  pago de los derechos previstos en la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente, y exhibir el original de su recibo de pago para que la Secretaría General de Gobierno le expida la revalidación, que tendrá un año de vigencia contado a partir del día siguiente a aquel en que concluyó la vigencia del permiso o revalidación anterior.


Artículo 20.- En caso de no contar con la revalidación en los términos señalados en el artículo anterior, el prestador de servicios deberá abstenerse de seguir prestando los servicios después de que concluya la vigencia de su autorización o última revalidación. De no abstenerse, incurrirá en las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.


Artículo 21.- La revalidación podrá negarse por el incumplimiento a las obligaciones y restricciones previstas en esta Ley y el Reglamento.







Se notificará al prestador de servicios la resolución en la que se admita o niegue la revalidación. En este último caso, se le hará saber las causas o circunstancias por las que se haya negado la revalidación.


Artículo  22.- Los prestadores  de servicios  que hayan  obtenido  la autorización  o revalidación, podrán solicitar por escrito a la Secretaría General de Gobierno, previo pago de derechos que contenga la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente, la modificación de las modalidades en que se presta el servicio, para ampliarlas o reducirlas, cumpliendo con los requisitos que resulten aplicables de acuerdo con esta Ley y el Reglamento.



Recibida la solicitud, la Secretaría General de Gobierno la analizará y en un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba la misma, determinará la procedencia o no de la modificación de las modalidades en que se presta el servicio, mediante resolución debidamente fundada y motivada.



Artículo 23.- Si la solicitud de modificación resulta procedente, el prestador de servicios deberá realizar el pago de los derechos previstos en la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente, y exhibir el comprobante de pago dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación correspondiente; en caso contrario, se tendrá por no presentada.



Artículo 24.- El pago de derechos por la solicitudes de autorización, revalidación o modificación de servicios de seguridad privada tendrá una vigencia de 90 días naturales a partir de efectuado el mismo.


En caso de no integrarse los requisitos para el diagnóstico correspondiente, se hará constar esa circunstancia y se ordenará archivar el expediente, quedando a salvo los derechos de solicitante para que inicie el trámite de nueva cuenta.



Artículo 25.- El prestador de servicios solicitará a la Secretaría General de Gobierno su  opinión  para  que  el  personal  operativo  con  Clave  Única  de  Identificación







Permanente pueda portar armas de fuego en el desempeño de sus funciones, como requisito  previo  a efecto  de obtener  de la Secretaría  de la Defensa  Nacional  la licencia particular o colectiva para la portación de armas de fuego.


La portación de armas de fuego por parte del personal operativo quedará sujeta a lo establecido  por  la  Ley  Federal  de  Armas  de  Fuego  y  Explosivos  y  demás disposiciones aplicables.


CAPÍTULO III
DE LOS REQUISITOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA


Artículo 26.- Para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en el Estado, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:


I. Presentar  solicitud  por  escrito  ante  la  Secretaría   General  de  Gobierno, señalando la o las modalidades en que pretendan prestar el servicio;


II.  Presentar  una  exposición  de  motivos  para  la  prestación  del  servicio  de seguridad privada;



III. Ser  persona  física  de  nacionalidad  mexicana  o,  tratándose  de  personas jurídicas, estar constituidas conforme a la legislación mexicana;


IV. Exhibir   copia   certificada   de   la   inscripción   en   el   Registro   Federal   de
Contribuyentes con cédula de identificación fiscal;


V.  Presentar en original o copia certificada los siguientes documentos:


a)  Acta de nacimiento, para el caso de personas físicas;


b)  Escritura pública con la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad federativa correspondiente, en la que se contenga la constitución  de la sociedad y modificaciones,  si las   tuviere, para las personas jurídicas; y








c)  En su caso, poder notarial en el que se acredite la personalidad del solicitante.


Debiendo cubrir además los requisitos de ingreso y permanencia, establecidos en la
Ley y el Reglamento;


VI. Acreditar el domicilio fiscal, así como el de las sucursales con las que cuente, mismos que deberán estar ubicados en el Estado.


En caso de contar con autorización federal o de otra entidad federativa, deberá  acreditar  el  domicilio  fiscal  principal  y  el  de  la  sucursal  o sucursales, si las tiene, que estén ubicadas en el Estado;


VII.  Acreditar en los términos que señale la disposición legal aplicable, que se cuenta con los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales que le permitan llevar a cabo la prestación de servicios de seguridad privada en forma adecuada, en las modalidades solicitadas;


VIII. Presentar un ejemplar del Reglamento Interior de Trabajo, Manual o Bases Operativas, aplicable a cada una de las modalidades del servicio a desarrollar, que contenga la estructura jerárquica del prestador de servicio y el nombre del responsable operativo;


IX. Exhibir  los planes  y programas  de capacitación  y adiestramiento  vigentes, acordes a las modalidades  en que se prestará el servicio, así como la constancia que acredite su registro ante la instancia competente;


X.  Acreditar  la  capacitación  en  materia  de  seguridad  privada  del  personal operativo, mediante constancia expedida por institución competente;


XI. Currículo del personal directivo, o en su caso, de quienes ocuparán los cargos relativos;


XII.  Relación   de   personal   directivo,   administrativo,   operativo   y  técnico, conteniendo los datos generales de éstos para la consulta de antecedentes policiales  en  el  Registro  Nacional  de  Personal  de  Seguridad  Pública,







señalando  el nombre,  Registro  Federal  de Contribuyente  y en su caso
Clave Única de Registro de Población de cada uno de ellos;


XIII. Adjuntar el formato de credencial que se expedirá al personal;


XIV. Presentar el logotipo en impresión a color y digital, y el lema si lo hubiere;


XV.  Impresiones fotográficas actuales a color y digital del uniforme a utilizar, en las que se aprecien sus cuatro vistas, conteniendo  colores, logotipos o emblemas, mismos que no podrán ser iguales o similares a los utilizados por las corporaciones policiales o fuerzas armadas o por otras prestadoras de servicios;


XVI. Relación de bienes muebles e inmuebles que se utilicen para la prestación del  servicio,  incluido  el  de  radiocomunicación,  vehículos  y  equipo  en general, así como los aditamentos complementarios  al uniforme, en los formatos que para tal efecto establezca la Secretaría General de Gobierno;


XVII. En caso de contar con registro de licencia de uso de armas de fuego, la relación de éstas en la que se exprese marca, calibre, modelo, matrícula y asignación respectiva, acompañando la licencia vigente autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional para la portación de armas;


XVIII.  Modelo de contrato de prestación de servicios, debidamente autorizado y registrado por la Procuraduría Federal del Consumidor;


XIX. En caso de contar con comando canino, la relación de éstos, adjuntando copia certificada de los documentos que acrediten el adiestramiento y capacitación, así mismo se anexará original del comprobante de pago de derechos respectivo, y los datos de identificación de cada animal, como son raza, peso, tamaño, nombre, edad, carnet de vacunación y cursos de adiestramiento, actualizados, así como impresiones fotográficas a color y digitales de cada uno de ellos;


XX.  Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de radiocomunicación o contrato celebrado con concesionaria autorizada;








XXI. Impresiones fotográficas actuales a color y digital de los costados, frente, parte posterior y toldo de los vehículos que se utilicen en la prestación de los servicios, las cuales deberán mostrar claramente la denominación o razón social del prestador de servicios, el logotipo, el lema si lo hubiere, el número de identificación del vehículo, número de autorización local y en su caso  el  federal,  y  la  leyenda  “Seguridad  Privada”;  en  caso  de  utilizar torretas, se usarán exclusivamente los colores verde o naranja;


XXII. Impresiones  fotográficas  actuales  a  color  y  digital  del  exterior  de  las instalaciones. Dichas instalaciones no podrán ser utilizadas por dos o más prestadores de servicios a la vez;


XXIII.  Muestra física de las insignias, divisas, emblemas o cualquier medio de identificación que porte el elemento;


XXIV. En  caso  de  que  se  utilicen  vehículos  blindados  en  la  prestación  del servicio, independientemente de la modalidad de que se trate, se deberá exhibir documento expedido por el proveedor del servicio de blindaje, con la que acredite el nivel del mismo;


XXV.  Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad para el traslado de valores, será indispensable contar con vehículos blindados; y


XXVI. Los demás requisitos que se establezcan en esta Ley y el Reglamento.


CAPÍTULO IV
DE LOS REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL PERSONAL DE LA PRESTADORA DE SERVICIO


Artículo 27.- Para ingresar y permanecer como personal directivo, administrativo, operativo y técnico de los prestadores de servicios, los interesados deberán cumplir con los requisitos siguientes:


A. Directivo y administrativo:







I. No haber sido sancionado por delito doloso;


II.  No haber sido separados  o cesados  de las fuerzas  armadas o de alguna institución de seguridad federal, estatal, municipal o privada, por alguno de los siguientes motivos:


a)  Por falta grave a los principios de actuación previstos en las Leyes;


b)  Por poner  en peligro  a los particulares  a causa  de imprudencia,  negligencia  o abandono del servicio;


c)  Por incurrir en faltas de honestidad o prepotencia;


d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas,   enervantes   o  estupefacientes   y  otras  que  produzcan  efectos similares,  por consumir  estas  sustancias  durante  el servicio  o en su centro  de trabajo o por habérseles comprobado ser adictos a alguna de tales substancias;


e)  Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por razón de su empleo;


f)   Por presentar documentación falsa o apócrifa;


g)  Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier concepto, y


h)  Por irregularidades en su conducta o haber sido sentenciado por delito doloso.


III. No ser miembros en activo de alguna institución de Seguridad Pública Federal, Estatal o Municipal o de las Fuerzas Armadas.


B. Personal operativo  o técnico:


I. Carecer de antecedentes penales;


II.  Ser mayor de edad;








III. Estar inscritos en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública;


IV. Estar  debidamente  capacitados  en  las  modalidades  en  que  prestarán  el servicio;


V.  No  haber  sido  separado  de  las  Fuerzas  Armadas  o  de  instituciones  de seguridad pública o privada por alguna de las causas previstas en el apartado anterior, y


VI. No ser miembros en activo de alguna institución de seguridad pública federal, estatal o municipal o de las Fuerzas Armadas.


Para acreditar los requisitos establecidos en el presente artículo, se atenderá a lo que establece el Reglamento.



CAPÍTULO V
DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO




Artículo   28.-   Los   prestadores   de   servicios   estarán   obligados   a  capacitar continuamente a su personal operativo, en los tiempos, formas y plazos establecidos en el Reglamento.
La capacitación y adiestramiento será a través de instituciones públicas autorizadas. Si el prestador de servicios cuenta con un capacitador externo o interno autorizado
por el Gobierno del Estado, las constancias que expida dicho capacitador podrán
acreditar la capacitación del personal operativo.


La capacitación que se imparta será acorde a las modalidades en que se autorice el servicio, y tendrá como fin que los elementos se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.







Artículo 29.- La Secretaría General de Gobierno podrá concertar acuerdos con los prestadores de servicios para la instrumentación y modificación de capacitación y adiestramiento.


TÍTULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA


CAPÍTULO ÚNICO


Artículo  30.-  Una  vez  obtenida  la  autorización  correspondiente  para  prestar  el servicio de seguridad privada, el prestador de servicios queda obligado a:


I. Prestar  los  servicios  de  seguridad  privada  en  los  términos  y  condiciones establecidos en la autorización o, en su caso, en la revalidación o modificación;


II.  Dar aviso por escrito de las modificaciones que se realicen del objeto social, de sus estatutos o cualquier cambio de accionistas, socios o asociados, remitiendo copia certificada ante fedatario público, en un término de veinte días naturales a partir de la modificación;


III. Informar por escrito, en un plazo  no mayor de los primeros cinco días hábiles de cada mes, las bajas del personal ocurridas en el mes anterior, o cuando sea requerida esta información por la Secretaría General de Gobierno;


IV. Abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin contar con la revalidación correspondiente;


V.  Proponer a las personas candidatas a pertenecer a la prestadora de servicios, adjuntando los documentos correspondientes para acreditar los requisitos de ingreso a que se refiere esta Ley y el Reglamento; una vez que se obtenga el visto bueno por parte de la Secretaría General de Gobierno para  la  contratación  del  personal,  el  prestador  de  servicios  deberá presentar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación, el







comprobante  de  pago  de  derechos  respectivo  del  ejercicio  fiscal  que corresponda;


VI. La actualización de la relación del nuevo personal o comando canino que se pretenda incorporar a la empresa, acompañando la documentación que se requiera para tal efecto;


VII.  Utilizar únicamente los vehículos, armamento, radiocomunicación y demás equipo registrado ante la Secretaría General de Gobierno;


VIII. Informar sobre el cambio de domicilio fiscal de la matriz, así como el de las sucursales, adjuntando copia certificada ante fedatario público del aviso dado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;


IX. Aplicar  anualmente  exámenes  toxicológicos  al  personal  operativo  en  las instituciones autorizadas, en los términos que establece esta Ley y el Reglamento;


X.  Coadyuvar  con las autoridades  y las instituciones  de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o en cualquier otro caso, previa solicitud de la autoridad competente;


XI. Actuar en auxilio del Ministerio Público y la Policía Ministerial, cuando sea requerida para el efecto;


XII. Abstenerse de utilizar en su denominación, razón social, papelería, documentación, vehículos y demás elementos de identificación, colores o insignias que pudieran causar confusión con los utilizados por los Cuerpos de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades. Queda prohibido el uso de todo tipo de placas metálicas de identidad;


XIII. Abstenerse  de  realizar  funciones  que  están  reservadas  a  los  cuerpos  e instituciones de seguridad pública o a las Fuerzas Armadas, salvo solicitud debidamente fundada y motivada de la autoridad competente;







XIV. Facilitar al personal designado, la práctica de las visitas de verificación que se ordenen, así como presentar la documentación que le sea solicitada durante  la  práctica  de  ésta  para  acreditar  el  cumplimiento   de  las obligaciones establecidas en la Ley y el Reglamento;


XV.  Dar aviso de las personas que contraten sus servicios en un término no mayor a tres días hábiles posteriores al inicio de la prestación del servicio, enviando  copia  del  contrato  celebrado  o del  documento  emitido  por  la prestataria sobre las condiciones de prestación del servicio;


XVI. Abstenerse de contratar a las personas que no cumplan con los requisitos señalados en esta Ley y el Reglamento;


XVII. Atender las especificaciones que al efecto señale el Reglamento sobre los vehículos, uniformes y equipo que utilicen;


XVIII.  Vigilar que su personal cumpla con las obligaciones que señala la Ley, el
Reglamento y demás ordenamientos aplicables en la materia;


XIX. Aplicar los manuales de operación conforme a la modalidad o modalidades autorizadas;


XX.  Mantener  en  estricta  confidencialidad  la  información  relacionada  con  el servicio;


XXI. Utilizar únicamente las instalaciones autorizadas como domicilio fiscal y/o sucursal;


XXII. Cubrir el pago anual de derechos que establezca la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente, para prestar el servicio autorizado;


XXIII. Comunicar por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la suspensión de actividades o cierre de establecimiento adjuntando en copia certificada ante fedatario público, el documento idóneo que lo acredite;







XXIV. Informar las altas y bajas del comando canino, en caso de utilizarlos para la  prestación   de   servicios   de   seguridad   privada,   en   los   términos establecidos en esta Ley y el Reglamento;


XXV.  Presentar el informe mensual, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, de las altas y bajas de vehículos, equipo de radiocomunicación, armamento, comando canino y demás equipo utilizado para la prestación del servicio; y


XXVI. Las demás que establezca la Ley y el Reglamento.


TÍTULO QUINTO
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN CAPÍTULO ÚNICO
Artículo  31.-  La  Secretaría  General  de  Gobierno  podrá  ordenar  en  cualquier momento la práctica de visitas de verificación, y los prestadores de servicios estarán obligados a permitir el acceso y proporcionar las facilidades, documentos e informes que los supervisores requieran para el desempeño de sus funciones.


La visita de verificación deberá iniciarse mediante acuerdo o resolución debidamente fundada y motivada.


Artículo 32.- El objeto de la verificación será comprobar el cumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Ley y el Reglamento, así como de las obligaciones y restricciones a que se sujeta la autorización, revalidación o modificación.


La  verificación  será  física  cuando  se  practique  sobre  los  bienes  muebles  o inmuebles; al desempeño, cuando se refiera a la actividad; al desarrollo laboral o profesional de los elementos, o bien de legalidad, cuando se analice y cerciore el cumplimiento de las disposiciones legales que se tiene la obligación de acatar.


Artículo 33.- Para la práctica de las visitas de verificación se estará a lo dispuesto en el Reglamento.







Artículo  34.-  Sin  perjuicio  de  los  artículos  anteriores,  los  verificadores  están facultados para solicitar en todo momento y sin requerir orden específica para ello, la exhibición   de   la   cédula   de   identificación   o  de   la   o  las   autorizaciones correspondientes a quienes se ostenten como prestadores de seguridad privada por:


I.        Portar insignias de seguridad privada;


II.       Realizar labores propias de seguridad privada;


III.      Circular en vehículos con rótulos de servicios de seguridad privada;


IV.      Ofrecer públicamente servicios de seguridad privada; o,


V.       Realizar cualquier otra conducta que los ubique como sujetos prestadores de los servicios que regula esta Ley.



TÍTULO SEXTO
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES


CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD


Artículo   35.-   La   Secretaría   General   de  Gobierno,   de   conformidad   con   las disposiciones de la presente Ley y el Reglamento, y con el fin de salvaguardar a las personas, sus bienes, entorno, así como para proteger la salud y seguridad pública, podrá adoptar como medida de seguridad, la suspensión parcial o total de las actividades de prestación de servicios de seguridad privada.


En cualquiera de los supuestos mencionados,  la Secretaría General de Gobierno podrá ordenar la medida y su ejecución de inmediato:


I. A través del auxilio de la fuerza pública; o







II.  Señalando un plazo razonable para subsanar la irregularidad, sin perjuicio de informar a las autoridades o instancias competentes para que procedan conforme a derecho.


Asimismo,   se  podrá  promover   se  ordene   la  inmovilización   y  aseguramiento precautorio  de los bienes  y objetos  utilizados  para la prestación  de servicios  de seguridad privada, cuando estos sean utilizados en sitios públicos sin acreditar la vigencia de la autorización para la prestación de servicios de seguridad privada.


CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES


Artículo 36.- Las resoluciones de la Secretaría General de Gobierno que apliquen sanciones  administrativas,   deberán  estar  debidamente   fundadas  y  motivadas, tomando en consideración:


I. La gravedad de la infracción en que se incurre y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley y el  Reglamento  o  las  que  se  dicten  con  base  en  estos  ordenamientos legales;


II.  El daño o perjuicio económico que se haya causado a terceros; y


III. La reincidencia en  el incumplimiento de obligaciones señaladas en la Ley y el
Reglamento.


Se entenderá por reincidencia cuando el prestador de servicios incurra en el incumplimiento a las obligaciones señaladas en la Ley y el Reglamento, por más de una vez en un término de seis meses.


Artículo 37.- La imposición de las sanciones por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley o el Reglamento, será independiente de las penas que correspondan cuando la conducta u omisión constituya uno o varios delitos.







Artículo 38.- El incumplimiento de los prestadores de servicios a las obligaciones establecidas en esta Ley o el Reglamento, dará origen a la imposición de una o más de las siguientes sanciones:


I. Amonestación pública, con difusión en la página de internet de la Secretaría
General de Gobierno.


II.  Multa de quinientas hasta cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado.


III. Suspensión de los efectos de la autorización de un mes hasta doce meses.


IV. Clausura  del  establecimiento  donde  el  prestador  de  servicios  tenga  su domicilio legal registrado ante la autoridad competente así como de las sucursales que tenga en el Estado; y


V.  Revocación de la autorización.


La Secretaría General de Gobierno, en su caso, podrá imponer simultáneamente una o más de las sanciones administrativas señaladas en las fracciones anteriores.


La sanción o sanciones impuestas se harán públicas en la página de internet de la
Secretaría General de Gobierno.


La aplicación de las sanciones establecidas en este artículo, se impondrán con base al procedimiento administrativo que para tal efecto disponga el Reglamento.


Artículo 39.- La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá a los prestadores de servicios de la obligación de corregir las omisiones o irregularidades administrativas en las que haya incurrido.


Artículo 40.- La Secretaría General de Gobierno, para el mejor desarrollo de sus funciones de verificación de los servicios de seguridad privada, podrá suscribir convenios con  personas físicas, jurídicas, públicas o privadas.







Artículo 41.- Las multas que imponga la Secretaría General de Gobierno, deberán pagarse en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado a través de las instituciones bancarias o establecimientos que la misma autorice para tal fin, dentro de los diez días siguientes al de su notificación.


De no realizarse  el pago,  una vez que hayan  quedado  firmes  las multas,  serán consideradas créditos fiscales a favor del erario estatal, las cuales se cobrarán por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, en términos del Código Fiscal para el Estado.


Artículo 42.- Las demás causas que constituyan incumplimiento en las obligaciones de los ordenamientos jurídicos que regulen los servicios y actividades materia de esta Ley, así como las sanciones aplicables a cada una de ellas, serán determinadas por el Reglamento, y las demás leyes aplicables.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Reforma el artículo 112 y se Derogan la fracción XIV del 19 y los artículos 110 y del 113 a 129, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue:


Artículo 19.- …


I. a XIII.-  …


XIV.- Se deroga.


XV.- y XVI.- …


Artículo 110.- Se deroga


Artículo 112.- Las personas que se dediquen al servicio de seguridad privada, así como el personal que utilicen, se regirán en lo conducente, por las normas de esta Ley, la Ley de Seguridad  Privada del Estado Libre y Soberano  de Puebla  y las demás aplicables que se establecen para la materia; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su







personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia a la autoridad competente.


Artículo 113.- Se deroga Artículo 114.- Se deroga Artículo115.-Se deroga Artículo 116.- Se deroga Artículo 117.-Se deroga Artículo 118.-Se deroga Artículo 119.- Se deroga Artículo 120.- Se deroga Artículo 121.-Se deroga Artículo 122.- Se deroga Artículo 123.- Se deroga Artículo 124.- Se deroga Artículo 125.- Se deroga Artículo 126.-Se deroga Artículo 127.-Se deroga Artículo 128.- Se deroga Artículo 129.- Se deroga








ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las fracciones XLV y XLVI del artículo 34; se deroga la fracción XV del 45, y se adiciona la fracción XLVII al 34, todos de la Ley Orgánica  de la Administración  Pública  del Estado  de Puebla,  para quedar  como sigue:


ARTÍCULO 34.- …


I.-  a XLIV.- …


XLV.- Recibir de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, la información respectiva en materia de derechos humanos, cuando así corresponda en el ámbito de su competencia;


XLVI.- Intervenir en lo relacionado con la regulación de los servicios de Seguridad Privada prestados por personas físicas y jurídicas, en los términos de la Ley de la materia; y


XLVII.- Los demás que le atribuyan las Leyes, Reglamentos, Decretos, Convenios, Acuerdos y otras disposiciones vigentes en el Estado.


ARTÍCULO 45.- …


I.- a XIV.- …


XV.- Se deroga


XVI.- a XXI.- …




T R A N S I T O R I O S




PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.








SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.



TERCERO.-  El  Reglamento  de  la  Ley  a  que  se  refiere  este  Decreto,  deberá expedirse dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.



CUARTO.- Para efectos de revalidación  de autorizaciones  otorgadas antes de la vigencia del presente Decreto, se homologarán las modalidades bajo los términos señalados en este Decreto.



QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite, continuarán desahogándose con las disposiciones vigentes al momento de su inicio y hasta su conclusión.



SEXTO.- Las erogaciones que se deriven de la aplicación de este Decreto estarán sujetas a la suficiencia presupuestal.



SÉPTIMO.-  A  la  publicación  de  este  Decreto  quedarán  sin  efecto  todos  los convenios, acuerdos y contratos, que contravengan al contenido de lo señalado el presente Decreto.



OCTAVO.- La Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de la Contraloría, en los ámbitos de competencia que corresponda, acordarán lo necesario para que en un plazo no mayor de noventa días naturales contados a partir del día de la entrada en vigor de este Decreto, se transfieran los archivos y los recursos humanos que sean necesarios,  así como los recursos  materiales  y financieros  existentes  destinados para la atención de los asuntos relacionados con la materia de este Decreto.







Dado  en  la  sede  del  Poder  Ejecutivo,  en  la  Cuatro  veces  Heroica  Puebla  de
Zaragoza, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil catorce.


EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO







RAFAEL MORENO VALLE ROSAS




EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO





LUIS MALDONADO VENEGAS




EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA





VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA


FACUNDO ROSAS ROSAS




DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY DE SEGURIDAD  PRIVADA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE REFORMA LA LEY DE SEGURIDAD  PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.