DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA P R E S E N T E S La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO de conformidad con los siguientes: CONSIDERANDOS En México existen 25 de las 32 entidades del país no se considera delito grave la pederastia, para Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC, la violencia sexual contra menores, en el 80% de los casos, deja secuelas para toda la vida. Adicionalmente, las leyes de las entidades la castigan de manera laxa o nula y se utiliza un enfoque de usos y costumbres para enfrentarlos. Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México tipifican este ilícito como grave y sin derecho a fianza; sin embargo, las penalidades no son severas, sólo en el estado de Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a quien cometa abuso sexual en contra de un menor de edad. En 25 entidades el abuso sexual no se califica y los agresores pueden salir bajo fianza, pagando multas que van de los tres días de salario mínimo a mil 200 días. De acuerdo con datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. Un estudio de Adivac apunta que las víctimas pueden ser menores o mayores de edad. Existen códigos penales, como los de Baja California, Campeche, Durango y Sonora, cuya acción penal en contra de quien comete el delito de estupro se extingue si contrae matrimonio con la víctima, legalizando con esto la prolongación de la lesión al bien jurídico, de acuerdo con Adivac. La mayoría de los códigos penales incluyen como pena la reparación del daño para los ilícitos de estupro y violación, en dicha reparación comprende el pago de alimentos en favor de la mujer y del hijo (a) o hijos (as) que pudieran resultar como consecuencia de la comisión del abuso. Cabe señalar, de acuerdo con Angélica de la Peña, que México está catalogado como país de origen, tránsito y destino de víctimas de explotación sexual, siendo el de mayor crecimiento la modalidad de turismo sexual infantil principalmente en Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez. De acuerdo con un informe del Senado de la República, México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil a nivel internacional, situación que fue confirmada por Nelly Montealegre, fiscal especial de la PGR para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, quien habló de cómo se han incrementado las páginas de personas que buscan material de ese tipo. Según estimaciones de la UNICEF, la pornografía infantil es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, después del narcotráfico, cuyas ganancias se estiman en 7 mil millones de dólares anuales. Las estadísticas de la Policía Federal señalan que la explotación sexual de niños y adolescentes a través de internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos. Mientras en 2004 se tenían registrados 72 mil 100 sitios de pornografía infantil, en 2006 ya existían más de 100 mil sitios. Además, México es considerado segundo país a nivel mundial con mayor producción de pornografía infantil. Además del caso de La Esperanza, encubierta casa hogar en donde Timothy Julián y Decker, de nacionalidad estadunidense, tenían concentrados a un grupo de niños que eran abusados sexualmente, mientras ellos les tomaban fotos y video que enviaban por internet a diferentes partes del mundo, existen mucho otros casos de pederastia y pornografía infantil. Otro caso muy sonado en Acapulco es el del pederasta mexicano José Guadalupe Borja Borbón, quien se hacía pasar como misionero franciscano. El sujeto mantenía una casa de asistencia llamada Casa Franciscana de Niños Desamparados, ubicada en el lote 27 de la calle Castillo Bretón, fraccionamiento Costa Azul. De acuerdo con la averiguación previa, TAB/AEDS/02/832/2003, Borja utilizaba ese lugar para abusar sexualmente de los menores. Bajo engaños, invitaba a los niños a la casa hogar y, una vez ahí, les decía que les iba a sacar el demonio mediante sesiones de exorcismo. Para el abogado Victoriano Sánchez Carbajal, el problema es que las leyes de Guerrero no protegen a los menores. “Si vemos el Código Penal de Guerrero veremos que los niños están expuestos a múltiples actos que pueden llevar a denigrarlos como personas, sin que aquellos que cometen el delito reciban un castigo adecuado y ejemplar; lo máximo de lo que se les puede acusárseles es de corrupción de menores y saldrían libre bajo fianza”, señala el abogado. Además del caso de La Esperanza, encubierta casa hogar en la que los ciudadanos estadunidenses Timothy Julián y Robert Decker tenían concentrados a un grupo de niños que eran abusados sexualmente y también eran captados en fotos y videos que, poco después, eran enviados por internet a países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania, entre otros, actualmente existen más casos de pornografía infantil y pederastia en México. Las estadísticas de la Policía Federal señalan que la explotación sexual de niños y adolescentes a través de internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos. Mientras en 2004 se tenían registrados 72 mil 100 sitios de pornografía infantil, en 2006 la cifra se incrementó a más de 100 mil sitios. Además, México es considerado el segundo país a nivel mundial con mayor producción de pornografía infantil. El artículo 201, párrafo primero, del Código Penal Federal establece: “Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años o a una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o a una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual”. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990; en el 2000 el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y en el 2002 el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Adicionalmente, en el 2003 ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Acapulco es el destino turístico que dio a conocer a México ante el mundo, hoy es considerado como un destino de turismo sexual, donde prácticamente cualquier tipo de fantasía podría ser cumplida, lo que ha provocado que pederastas extranjeros, principalmente de Canadá y Estados Unidos, lo visiten. De acuerdo con un informe del Senado de la República, México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil a nivel internacional, dato que ha sido confirmado por Nelly Montealegre Díaz, fiscal especial de la PGR para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. “El conteo lo empezamos en 2010, cuando se detectaron 580 cuentas; para 2011, aumentaron a más de tres mil; en 2012 se detectaron más de siete mil cuentas y, en 2013, suman más de 12 mil 300. Y solamente se iniciaron 130 averiguaciones previa por parte de la PGR. Ésta es una situación muy grave”, reconoce Montealegre Díaz. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cada mes cien niños mexicanos son reclutados para esta actividad. Las ciudades donde existe mayor actividad pedófila son Acapulco, Cancún, Tijuana, Guadalajara y Tapachula. Según estimaciones de la UNICEF, la pornografía infantil es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, después del narcotráfico. Se estima que reporta una ganancia de siete mil millones de dólares anuales. No obstante, de acuerdo con un reporte de la ECPAT, que es la Red de organizaciones trabajando para la eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, no existen informes precisos sobre su extensión. De acuerdo con los casos reportados a la prensa entre 1998 y 2000, se pudo estimar que entre 16 mil y 20 mil menores de 18 años son víctimas de explotación sexual comercial en México. Algunas otras estimaciones hablan de que las víctimas oscilan entre los 5 mil y 80 mil. Para algunos especialistas, como el sociólogo Jesús Quevedo de la UAM, Acapulco podría ser considerado “el Bangkok de Latinoamérica”. “La mayoría de los turistas sexuales proceden de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania, y no tienen un perfil determinado ya que pueden ser desde pederastas hasta clientes ocasionales”, precisa Quevedo. Las estadísticas de la Policía Federal, por su parte, señalan que la explotación infantil a través de internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, sólo antecedida por los fraudes y las amenazas. En enero de 2004 se registraron 72 mil 100 sitios de pornografía sexual infantil. No obstante, en 2006 ya existían más de cien mil sitios. Cabe mencionar que México es considerado el segundo país a nivel mundial con mayor producción de pornografía infantil. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990; en el 2000 el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y en el 2002 el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Adicionalmente, en el 2003 ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. A nivel interamericano, México firmó en 1995 la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores y la ratificó en 1996. Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO UNICO.- Se exhorta al pleno del Congreso del Estado de Puebla, modificar el Código Penal del Estado de Puebla, para que el periodo de prescripción del delito de abuso sexual en contra de menores de edad comience a partir de que la persona afectada cumpla los 18 años, donde haya un cambio en las sanciones, para que pueda alcanzar hasta 20 años de prisión cuando la víctima sea menor a 15 años, por lo que se propone que quien incurra en este delito, se le impondrá una pena de uno a cuatro años de prisión, cuando la víctima tenga entre doce y menos de 18 años de edad, y cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas y de resistir el hecho; y de tres a seis años de prisión, cuando la víctima sea menor de doce años de edad. A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 26 DE JULIO DE 2018 DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES Dip. Geraldine González Cervantes