CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
P R E S E N T E


El que suscribe, Diputado Oscar Navarrete Abaid, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena   Legislatura del H. Congreso del Estado, con la adhesión de los Diputados Carlos Martínez Amador y Alfonso Cid Machorro integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, del Diputado Mariano Hernández Reyes integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, del Diputado José Ángel Pérez García integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, del Diputado Manuel Herrera Rojas integrante del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional y del Diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, y 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable  Congreso del Estado y demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente:
      
E X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O S
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, reza el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que data de 1948.

Pero, ¿qué ocurre cuando estos derechos son arrebatados por la violencia y la inseguridad?
El párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
No obstante, y a pesar del esfuerzo de las autoridades, diariamente tienen lugar en nuestro país hechos delictivos que acaban con la vida de un número importante de mexicanos.
La violencia se ha incrementado considerablemente y el respeto a los derechos humanos ha quedado en un segundo plano. Ejemplo de ello son los recientes asesinatos de Juana Maldonado y Érika Cázares en nuestro Estado, ambos hechos reprobables.
Sin embargo y de manera desafortunada no son los únicos. Hombres y mujeres son privados de la vida independientemente de su edad, profesión u oficio; algo que no puede seguir ocurriendo.
Es necesario reforzar e incrementar las acciones tomadas, procurar ese respeto a la vida proclamado en múltiples instrumentos y garantizar esa seguridad que tanto se anhela. 
Es por ello que, de conformidad con lo ateriormente expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo:
PRIMERO.- Se invita respetuosamente a la Fiscalía General del Estado a continuar con la máxima diligencia, las acciones de investigación para el esclarecimiento de los hechos relacionados  con los asesinatos de Juana Iraís Maldonado Infante y Érika Cázares para garantizar que los culpables no queden impunes.
SEGUNDO.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que en coordinación con los tres niveles de gobierno elaboren un programa permanente para la prevención social de la violencia y el delito, atendiendo a los aspectos multicausales y multidimensionales de la criminalidad. 

A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 08 DE JUNIO DE 2018

DIP. OSCAR NAVARRETE ABAID