CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTES

El Diputado Julián Peña Hidalgo y la adhesión de la Diputada Socorro Quezada Tiempo integrantes de la LIX Legislatura de esta Soberanía y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 115, párrafo primero y 116, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 28, 57, fracciones I y II; 63, fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 43, 44, fracción II y XI; 134 Y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los diversos 15, 34, 93, fracción VI; 120, 123 y 124 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicito, de la manera más atenta, se someta a consideración y en su caso aprobación el presente:
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LOS GOBIERNOS FEDERAL Y LOCAL EN CONTRA DEL ROBO DE HIDROCARBUROS EN EL ESTADO, ASIMISMO EXHORTA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS, FINANCIERAS Y SOCIOECONÓMICAS A REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS EMPRENDIDAS POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES PARA CON LA CIUDADANÍA DERIVADAS DE LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS PRODUCIDOS POR EL ROBO DE HIDROCARBUROS EN LA ENTIDAD
C O N S I D E R A N D O S
México tiene una Red de ductos por medio de su Empresa de Estado, denominada Petróleos Mexicanos,  de diecisiete mil kilómetros, conformada por cuarenta y ocho oleoductos, setenta y ocho gasoductos, once gasolinoductos y cuatro oleogasductos, que funcionan para la transportación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos a lo largo de la República. Esta está conformada por trece sistemas que la Petrolera Estatal clasifica de la siguiente manera:
       a) Logística Primaria y Tratamiento
       Sistema Santuario (Sur)
       Sistema Misión (Norte)
       Sistema Altamira (Centro)
       b) Logística Hidrocarburos y Petrolíferos
       Sistema Rosarito
       Sistema Guaymas
       Sistema Topolobampo
       Sistema Zona Norte
       Sistema Zona Sur-Golfo-Centro-Occidente
       Sistema Progreso
       Sistema de Transporte de Crudo Zona Sur-Golfo-Centro-Norte
       Sistema Nacional de Gas Licuado de Petróleo (SNGLP)
       Sistema Hobbs-Méndez (Gas Licuado de Petróleo)
       c) Petroquímicos
       Sistema Petroquímicos
       De estos sistemas la empresa estatal afirma en su informe de sustentabilidad del 2015, último publicado hasta la fecha donde se pone a consideración el presente punto de acuerdo, que las tomas clandestinas han tenido un avance de seiscientas noventa y uno en el año 2010 a cinco mil doscientas cincuenta y dos en el año dos mil quince; presentando el mayor crecimiento proporcional en el Estado de Puebla que pasó de tener 49 tomas clandestinas en el año 2010 a tener más de 1,145 en el año 2015. Estas, según datos de la propia empresa estatal, tienen su mayor crecimiento y exposición dentro de los municipios que conforman el llamado, de manera cotidiana, Triángulo Rojo, compuesto por los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Acajete y Tecamachalco; sin embargo, cuentan también con actividades directas y/o derivadas de la sustracción ilegal en los municipios de Tlacotepec de Benito Juárez, Esperanza, Amozoc, Xoxtla, Tochtepec, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y Puebla.
       De lo anteriormente expuesto queda claro que no es problema exclusivo de una región y/o municipio del Estado, sino que es un problema extendido de extremo a extremo que involucra autoridades de los diversos niveles de gobierno, como lo fue el otrora policía estatal Marco Antonio Estrada, titular del grupo de operaciones especiales detenido en el 2015 por brindar protección a los grupos criminales que realizan el ilícito de extraer ilegalmente los hidrocarburos de la empresa estatal.
       Ahora, sin dejar de reconocer el problema social que se concreta y se enfrenta por el robo de hidrocarburo dentro del Estado, así como la actuación en su mayoría de ocasiones violenta por parte de los grupos del crimen organizado que operan en las zonas ya mencionadas y que se podrían hacer extensivas por la naturaleza del crimen organizado al resto del Estado; consideramos indispensable la creación de una Comisión Especial que se aboque a coadyuvar y a vigilar la actuación de las autoridades en las acciones que emprendan con motivo de dotar de solución a la problemática social que plantea este caso. Lo anterior encuentra sustento en la imperante necesidad de que esta Soberanía, máxima representante de la población en nuestro Estado, no sea omisa al llamado ciudadano de protección por el crecimiento de la delincuencia que impera en las zonas marginadas, tanto la de los grupos del crimen organizado como la de las autoridades, es decir, no basta, en la mayoría de los casos enfrentar la criminalidad sin enfrentar la pobreza, el problema que se produce dentro de nuestra población no es únicamente de seguridad pública, mucho menos como pretenden hacerlo ver ciertos medios alineados al gobierno, de seguridad interna; es un problema transversal, que encuentra su fuente y causa dentro de los años de olvido y políticas públicas clientelares que promueven la pobreza para efecto de conservar los privilegios de unos cuantos, no es un problema exclusivamente de unos municipios tampoco, es un problema de nosotros como sociedad, como Estado y como Nación en donde aquellos a los que hemos olvidado integrar se ven en la necesidad de actuar conforme su ambiente se los demanda y peor aún, a defenderse de las autoridades que deberían de protegerlos.
       El caso documentado y puesto a la luz pública por medio de las redes sociales y diarios digitales en donde se observa con meridiana claridad la ejecución extrajudicial de un ciudadano en el municipio de Quecholac entre los días 3 y 4 de mayo de la presente anualidad, al que los medios y oficinas gubernamentales tachan de delincuente sin que se haya seguido un debido proceso en su contra y encontrado culpable por un tribunal competente de los hechos que por medio de los medios masivos de comunicación y oficinas de comunicación gubernamentales se le imputan, es uno más de los actos criminales con los cuales se justifica, valga la redundancia, la lucha contra la criminalidad.
       Nosotros como máximos representantes del pueblo en el Estado no podemos ser omisos, a la desgarradora voz de la desesperación que se ha hecho pública dentro de ese municipio y que permanece latente al interior de la totalidad de nuestro territorio. Más aún cuando de acuerdo con las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano en el ámbito de los derechos humanos, cuando se presenta la posible comisión de una ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado, tal situación detona una obligación inmediata a cargo de las autoridades, la cual consiste en iniciar una investigación pronta, seria, imparcial y exhaustiva con el objetivo de determinar a las personas responsables y posteriormente, establecer las sanciones que resulten pertinentes, lo cual en ningún momento excluye a los representantes de la sociedad de ello, es decir, contrario a como se está actuando nosotros estamos más obligados que nadie a intervenir en actos que afecten a nuestra ciudadanía, a la cual juramos representar y poner sus intereses por encima de nuestros personales.
       Es por lo anterior y derivado de que ninguna de las Comisiones permanentes del Congreso del Estado cuenta con suficientes facultades, derivadas de su Ley Orgánica y Reglamento, que es un imperativo moral y legal el constituir una Comisión Especial para efecto que dé seguimiento a las actividades realizadas por los distintos cuerpos gubernamentales que operan en nuestra Entidad, esto encuentra fundamento en las siguientes consideraciones:
       1.- La Ley Orgánica del Congreso del estado otorga en términos de los artículos 102 y 126 la posibilidad de conformar comisiones especiales con el objeto de ayudar al Congreso con sus funciones cuando la materia a tratar no sea objeto de ninguna de las Comisiones Generales establecida en los artículos 123 de la Ley Orgánica y facultadas por el artículo 48 del reglamento Interno del Congreso del estado, y que si bien es cierto, las acciones perpetradas por las autoridades pueden ser ubicadas en un sin fin de comisiones generales, la pluralidad de los efectos de las mismas y la necesidad de la actuación transversal a futuro hace necesaria la constitución de una Comisión Especial que se aboque en exclusiva al estudio y vigilancia del tema en comento, lo anterior derivado de que en esta no sólo intervienen labores de Gobernación, Seguridad Pública y/o Derechos Humanos, sino que por la complejidad del tema también abarcan labores en materia de Vivienda, Grupos Vulnerables, Educación, Desarrollo Social, Responsabilidad de Servidores Públicos, etc. Que si bien podrían encontrar lugar en las Comisiones Generales establecidas, lo cierto es, reiteramos, que lo ideal sería constituir una Comisión Especial que se aboque al tema propuesto.
       2.- Que derivado de la disposición normativa con la que cuenta el artículo 48 del Reglamento Interior de esta Soberanía, las facultades de las Comisiones Generales pueden ser dolosamente acotadas en atención a dicho numeral, puesto que mientras el mismo limita su actuación a determinados actos, lo cierto es que en el entendido de las facultades que por su naturaleza de órgano coadyuvante y político del Congreso, así como de lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley Orgánica de esta Soberanía, las facultades de dichas Comisiones tienen efectos que van más allá de lo establecido en el numeral en cita de su reglamento, y que en el presente caso al crear una Comisión Especial darán la unidad necesaria en la búsqueda obligada que tenemos para solucionar el presente problema.
       3.- Que en atención a lo anterior y siendo una posible respuesta la actuación unida de las diversas Comisiones Generales que integran el Congreso volverían un sin sentido su actuación toda vez que derivado de la transversalidad ya expuesta de la problemática en comento terminarían actuando de manera conjunta todos los diputados y siendo ese el caso lo ideal sería actuar en pleno, sin embargo, el tema materia de la presente requiere un estudio pormenorizado de las situaciones Políticas y Sociales de la región, así como informes de diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, y de ser el caso la creación de foros, comparecencia de expertos y demás actuaciones necesarias por parte de esta Soberanía, labor que se agilizará y facilitará con la actuación de una Comisión integrada para efecto exclusivo de dar seguimiento a la presente problemática.
       Por último consideramos importante que el órgano de investigación establecido por el artículo 212 de la Ley Orgánica de esta Soberanía realice las acciones necesarias para generar los estudios indispensables que permitan comprender la seriedad, diversificación y solución de los problemas planteados por la presente situación.
       Es por lo anteriormente expuesto y fundado que; solicito a esta Soberanía se apruebe el siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO.- Que en términos de los artículos 48, 49; 100, fracción VI, y 126 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla presente la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta Soberanía un proyecto de acuerdo en el que se ponga a consideración la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento a la acciones emprendidas por el gobierno federal y local en contra del robo de hidrocarburos.
SEGUNDO.- Se ordene al órgano establecido por el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado a realizar los estudios necesarios que den respuesta a las consecuencias generadas por las formas de intervención de los gobiernos federal y local dentro de la persecución de los delitos derivados del robo de hidrocarburos.

A T E N T A M E N T E 
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de junio de 2017


Lic. Julián Peña Hidalgo
 Diputado de la LIX legislatura del Congreso del Estado




Mtra. Socorro Quezada Tiempo
Diputada de la LIX legislatura del Congreso del Estado
 


DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
Presidente del Comité de Diario de Debates,
Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales.
De la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla.

H. Congreso del Estado de Puebla,
Oficina; Edificio Alterno del Poder Legislativo 8 Ote. 216, Centro, Puebla Pue
Teléfono; 222 372 11 00 ext. 143,  Correo julian.p.hidalgo@congresopuebla.gob.mx