DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
PRESENTE 

Quien suscribe, Diputada Lizeth Sánchez García, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y Presidenta de la Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral y con la adhesión de la Diputada Silvia Tanús Osorio, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONA  LA VIII  DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, con arreglo al siguiente:

C O N S I D E R A N D O

Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que “El varón y la mujer son iguales ante la ley”. Así mismo, la fracción III del artículo 35 establece dentro de los derechos del ciudadano “Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”.

Que, de acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará”, “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos” (artículo 5).

Que, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés CEDAW, a la letra establece que:
“Artículo 7.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país”.
Que, el no dar a las mujeres la oportunidad de participar en la vida política, se traduce en un tipo de violencia política la cual impacta su derecho humano a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. 
Que, en nuestro país no existe una ley que trate la violencia política, razón por la cual, a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), se emitió el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, en el que se establecieron las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.
Que el Protocolo no es un documento obligatorio, pero se construye a partir de los estándares nacionales e internacionales aplicables a los casos de violencia contra las mujeres, los cuales sí son vinculantes. 
Sin embargo, invito a esta Legislatura a ir más allá, a establecer dentro de la Ley Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, dentro de los tipos de violencia establecidos en el artículo 10, a la Violencia Política, dado que se trata de proteger a nuestras mujeres en todos sus derechos y de cualquier tipo de violencia, y en este caso, su derecho político el que tenemos que salvaguardar.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
      
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONA  LA VIII  DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  DEL ESTADO DE PUEBLA

ÚNICO.- Se REFORMA Las Fracciones VI y VII y se ADICIONA  la VIII  de la Ley Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 10.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son:


I. a V.- …

VI.- Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, sin que cumpla con los criterios médicos acordes a la normatividad oficial en ésta materia; el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer; 
VII.-Violencia Política.- Cualquier acto u omisión basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales de las mujeres, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política; y
VIII.-  Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 


T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.
A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE MARZO DE 2017




DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO  PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU DESARROLLO INTEGRAL




DIP. SILVIA TANÚS OSORIO

COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

			

DIP. LIZETH SANCHEZ GARCIA
PDTA. DE LA COMISION DE LA FAMILIA
Y SU DESARROLLO INTEGRAL