C.C. Secretarios de la Mesa Directiva, Del Honorable Congreso del Estado de Puebla, P r e s e n t e s. El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: CONSIDERANDO La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de Derecho debe generar las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo tipo de peligro, daño, menoscabo o riesgo. En nuestro Derecho Positivo encontramos el fundamento primario del régimen jurídico de la seguridad publica en el artículo 21 de nuestra ley fundamental, que a partir de la reforma de 1994 establece que la Federación, los Estados y los Municipios, se coordinaran, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Publica. Así parte un principio orgánico de coordinación e integración, con canales de articulación institucional, que permiten una mayor eficacia operacional tal y como el referido precepto constitucional lo señala, al establecer que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios en las respectivas competencias que la constitución le señala. Por ende estos niveles de gobierno conforme a sus competencias, son los encargados de vigilar el orden público y garantizar la paz y la seguridad de la comunidad, entendiéndose como seguridad pública, “la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”, ello conforme al artículo 3 de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esa congruencia las autoridades en materia de seguridad tienen la obligación de alcanzar los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución, sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor. Por ello las autoridades en la materia y conforme a sus competencias, deben combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad. Debiendo desarrollar la función de seguridad pública en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, y de los tribunales. De lo contrario si el estado no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos o gran parte de sus esfuerzos en la defensa de sus bienes y derechos. No obstante, que la seguridad pública es obligación del Estado y los Municipios, en nuestra Entidad Federativa se han presentado una serie de acontecimientos que han incrementado la inseguridad en nuestro Estado, poniendo en riesgo la seguridad de los poblanos. Todos los días nos enteramos de una diversidad de hechos que por su cantidad y su impacto, provocan en los habitantes del estado una percepción de indefensión y abandono en temas de seguridad pública. A plena luz del día, en las zonas más céntricas, a unos pasos de los puestos de vigilancia, los ilícitos se presentan sin que nadie responda por ellos. Todos los sectores de la sociedad estamos expuestos y vulnerables ante esta realidad. Por señalar algunos casos, la percepción de inseguridad entre las empresas poblanas repuntó en los últimos dos años, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ya que del 58.7 por ciento de empresas que se sentían amenazas, la cifra se disparó al 72.1 por ciento.El reporte refiere que los delitos más frecuentes contra negocios en Puebla son el fraude y los robos de mercancía, dinero, insumos y bienes, que por lo menos el 36 por ciento de las unidades económicas que operan en el estado han padecido, cuyo indicador supera el promedio nacional del 35 por ciento.En consecuencia, Puebla se ubica en el grupo de 14 estados con el indicador más alto al respecto. Ejemplos recientes de estos casos, se suscitaron en la madrugada, del día lunes veintiocho de noviembre del año en curso, donde policías de Texmelucan y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) hallaron el cadáver de una mujer de 55 años de edad, asesinada a balazos y arrojada a un costado de la autopista México-Puebla, a la altura de San RafaelTlanalapan, en el municipio de San Martín Texmelucan. Ese mismo día unas horas después, fue encontradootro cadáver de mujer en la colonia Historiadores, en la capital del estado, con signos de violencia. Otro tema de inseguridad es el que ha surgido como consecuencia del robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional, con cerca de mil tomas clandestinas en los primeros 8 meses de 2016.Dicha problemática ha generado que la violencia haya incrementado en la franja donde cruza el ducto que viene de Minatitlán, Veracruz. Dondese han registrado constantes accidentes donde pierden la vida presuntos delincuentes al salirse de control la toma, lo cual genera casi siempre incendios.En lo que va de 2016 se han registrado al menos 19 enfrentamientos entre delincuentes contra el Ejército, Policía Federal y las policías locales, según datos periodísticos. De acuerdo con cifras actualizadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla es la octava entidad con más delitos federales registrados al llegar a una cifra de casi 45 mil entre enero y octubre. El robo de combustible en ductos de Pemex ha ocasionado que el 10% de los asesinatos perpetrados en la zona de Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo y Tecamachalco estén relacionados con la disputa entre las 15 bandas de huachicoleros, con daños colaterales como el impacto al medio ambiente y el robo de autos en la región. Tan solo el año pasado, la delincuencia costó a los poblanos 15 mil 491 millones de pesos, de acuerdo con cifras del Inegi, en donde el costo promedio de cada acto delictivo es de más de 11 mil pesos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública arrojó que 7 de cada 10 poblanos se sienten inseguros. Asimismo, casi un millón de habitantes del estado han sido blanco delincuencial, lo que convierte a Puebla en la cuarta entidad con mayores costos ocasionados por la inseguridad. Robos a cuentahabientes que acaban de retirar dinero de los bancos se han vuelto comunes en todas las zonas de la capital y en otros puntos del interior del estado. La gente ya no se siente segura al acudir a las sucursales bancarias pues sabe que los malhechores pueden quitarle su dinero, sin importar la cantidad que sea, y aún más, podrían perder la vida, como sucedió hace apenas dos semanas en Zavaleta, donde un par de maleantes asesinaron a un hombre al intentar despojarlo de su dinero. En otros casos, los delincuentes solo amagan a sus víctimas, pero siempre se llevan el dinero sin ser localizados ni detenidos por las autoridades. Además, los constantes asaltos a usuarios del transporte público en la capital y en otros municipios, en donde ya han sucedido episodios violentos y hasta muertes de pasajeros, como han sido los casos de las rutas 19 y 65, apenas durante octubre, reflejan la impunidad con que la delincuencia organizada actúa sin temor a consecuencias, pues los asaltos continúan ocurriendo. Los más recientes hechos, registrados esta misma semana, en donde una persona fue secuestrada en el Camino a Morillotla, así como dos feminicidios ocurridos el mismo día, para contabilizar ya 65 en lo que va del año, demuestran que algo grave sucede en cuestión de seguridad pública en el estado. Debido a todos estos recientes acontecimientos que han mostrado la vulnerabilidad que sufren los ciudadanos en nuestro estado en materia de seguridad, y con la finalidad de enviarles un mensaje de tranquilidad para sus familias, pido a esta Honorable Legislatura la solicitud de comparecencia de los titulares de la secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública del Estado, para que expliquen las razones de esta ola delictiva, así como las estrategias que están llevando a cabo su dependencias para frenar el avance de la delincuencia, pues el desarrollo, la competitividad y la convivencia pacífica entre poblanos solo puede alcanzarse si primero tenemos un entorno que nos garantice nuestra seguridad.  En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el siguiente. ACUERDO ÚNICO. -Se solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública del Estado, para que expliquen las razones de esta ola delictiva, así como las estrategias que están llevando a cabo sus dependencias para frenar el avance de la delincuencia, pues el desarrollo, la competitividad y la convivencia pacífica entre poblanos solo puede alcanzarse si primero tenemos un entorno que nos garantice nuestra seguridad.  CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 7