CC SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Las suscritas Diputadas Susana del Carmen Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y el Diputado Cirilo Salas Hernández integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX, Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, con las facultades que me conceden los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente PUNTO DE ACUERDO bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El acoso escolar o bullying es tan sólo una arista de la multiplicidad de problemas que existen, que ha enfrentado y sigue enfrentando el entorno escolar en nuestro país. Lejos de ir en descenso, casos del citado fenómeno se han presentado con mayor incidencia en los últimos tiempos como resultado directo de un desarrollo social y económico que no permite la estabilidad necesaria a la sociedad para impulsar su crecimiento en el ámbito educativo y cultural. Los problemas que suceden en las escuelas no son más que el reflejo de lo que acontece en la sociedad en general; responden a las dinámicas de la misma, es decir, existe una relación de causa-consecuencia directa entre lo que sucede tanto dentro del aula como fuera de ella. Este diagnóstico no es nuevo, de hecho derivó ya en la creación del marco legal con el que contamos en la actualidad a nivel local, la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que conjuga una serie de actores y responsabilidades compartidas hacia la consecución de un ambiente seguro para el desarrollo educativo en la entidad. Sin embargo, la realidad escapa muchas veces del deber ser, plasmado en las leyes; ya que de acuerdo a información circulada en un considerable número de medios de comunicación, el pasado 5 de junio del presente año padres de familia del municipio de Mazapiltepec de Juárez interpusieron una denuncia en el Ministerio Público adscrito a ese lugar, lo anterior al considerar incorrecto el actuar de las autoridades municipales y educativas del Bachillerato “Vicente Lombardo Toledano” ante una revisión tanto de las pertenencias como física de sus hijos. Esta revisión presuntamente perseguía verificar la posesión de drogas o armas por parte de algunos alumnos de esta institución. Sin embargo, aunque el fin era preventivo, resultó mal ejecutado por las autoridades correspondientes, ya que se denunciaron abusos en la forma de realizarlo, llegando incluso a lastimar físicamente a una joven y a realizar inspecciones con procedimientos indebidos a de los demás estudiantes. Se presume que los afectados podrían ascender a la cantidad de 17 jóvenes, situación que por demás; los ha vulnerado en sus derechos, afectándolos no sólo física sino también psicológicamente. Este caso remite a la necesidad de hacer un llamado enérgico a que cualquier autoridad respete el marco legal bajo el cual se deben de conducir acciones de gobierno como las descritas. Una revisión de esta naturaleza se debe llevar a cabo bajo todo tipo de vigilancia, de la cual deben estar enterados todos los actores educativos, con mucho mayor razón, los padres de familia. Todo menor de edad debe tener garantizado el respeto a su integridad y a que sean respetados sus derechos humanos en todo momento. Esa garantía debe también estar vigente en los espacios escolares, donde, si bien es cierto que se pueden ejecutar acciones a favor de la seguridad de los mismos, también lo es que existen mecanismos legales para llevarlas a cabo sin demérito de su persona. La cultura de la prevención del delito debe prevalecer en las distintas acciones de gobierno, por ello, resulta necesario que la totalidad de los Ayuntamientos capaciten a sus corporaciones de seguridad a fin que las mismas conozcan perfectamente el marco legal con el que cuentan para el cumplimiento de su deber. Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración el siguiente: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO: Se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado a que en lo sucesivo y para efectos de emprender acciones preventivas en materia de seguridad pública, ejerzan su autoridad apegándose a los preceptos constitucionales y legales que correspondan, observando en todo momento el respeto a la dignidad de las personas y sus derechos humanos. SEGUNDO: Se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado a que capaciten a los cuerpos policiacos que dependan de ellos, en materia de la Ley de Seguridad Integral Escolar, cumpliendo con la coordinación institucional necesaria para llevar a cabo acciones de prevención de delitos, así como la seguridad de los integrantes de la comunidad educativa. A T E N T A M E N T E Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 16 de junio de 2014. Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado Dip. Susana del Carmen Riestra Piña Dip. Cirilo Salas Hernández 4