CC SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
Los suscritos Diputadas Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del
Carmen  Riestra  Piña y  el  Diputado  Cirilo Salas  Hernández,  integrantes del
Grupo  Legislativo  del  Partido  Nueva  Alianza de la  LIX  Legislatura  del  H.
Congreso del Estado de Puebla, con las facultades que nos conceden los artículos  57
fracción I  y  II,  63 fracción II,  64 y  69 de la Constitución Política del  Estado Libre y
Soberano de Puebla; así como los artículos 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Puebla, someto a consideración de esta Honorable
Asamblea el presente ACUERDO bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
La reforma educativa emprendida a partir de la presente administración federal a través
GH OD ILUPD GHO ³3DFWR SRU 0p[LFR´, GRFXPHQWR DYDODGR \ DSR\DGR SRU HO GRELHUQR GHO
Estado  de  Puebla  y  diferentes  partidos  políticos  nacionales, reforma que en términos
constitucionales y  legales  impactó  en la configuración,  entre  otras cosas,  de  los
procedimientos  que dieran cauce  a la consecución de la calidad  educativa que México
requiere.
De ella se desprendieron  tres  grandes temas,  sobre los  cuales,  es  responsabilidad  de
todos  los  órdenes  y  niveles  de  gobierno,  no  sólo  dar seguimiento,  sino  asegurar  su
cumplimiento. El primero de ellos fue la calidad de la docencia, a través de la construcción
de un entramado legal llamado Servicio Profesional Docente. El segundo se centraría en la
evaluación como una forma de visualizar condiciones educativas para ofrecer alternativas
de  mejora a las  mismas.  La  tercera medida  fue  otorgar autonomía de  gestión  a las
instituciones educativas, entendida esta como una herramienta para la mejora continua de
los centros escolares a través de la operación de un cuerpo colegiado estipulado como el
Consejo Técnico Escolar.
El presente instrumento legislativo pretende abonar en la consecución del primer punto
aquí tratado. No se puede entender el término de calidad en la docencia, cuando existen
datos  arrojados  por  la
autoridad  competente  que
nos  indican
irregularidades
administrativas que impactan en el perfil del docente con el que debe contar cada uno de



los  niveles  escolares.  Para ello  es necesario  mencionar  que en la actualidad  existen
docentes que laboran en ciertos niveles educativos sin el perfil académico adecuado, sin
que ello  signifique que no  sean o  hayan sido  aptos para  atender las  necesidades
educativas de dicho nivel.
En el  año  2013 se realizó  el  censo  a escuelas,  maestros  y  alumnos en instituciones
públicas y privadas en cada uno de los estados del país, como resultado de este proceso
se perfilaron datos específicos. En el caso de Puebla existen resultados en el rubro de nivel
de escolaridad de los docentes de preescolar, primaria y secundaria que permiten tomar
decisiones para promover opciones en los procesos de desarrollo profesional  del personal
docente al servicio de la educación pública.
Un ejemplo de ello es que, aproximadamente 2400 maestros frente a grupo sólo cuentan
con el nivel básico de estudios o en el mejor de los casos con estudios del nivel medio
superior. Existe también el fenómeno marcado de la incompatibilidad de perfiles docentes,
es  decir,  un gran número  de  maestros  poblanos  atienden niveles  educativos,  sin que
necesariamente hayan estudiado el nivel correspondiente dentro de la educación normal o
en su caso, dentro de algún tipo de licenciatura en instituciones de educación superior.
Ante estos resultados y con la necesidad marcada en la normatividad federal de contar
con docentes  que  cuenten con el perfil  requerido  para desempeñar  la profesión con
calidad,  lleva  al  Estado de  Puebla  a plantear  estrategias  que permitan regularizar  la
formación profesional  de los  docentes  que  culminaron sus  estudios en  alguna escuela
normal y, que por alguna razón, no cuentan con el grado académico correspondiente.
Identificamos  hasta  aquí dos  situaciones  que resultan urgentes  por  regularizar:  la
titulación de los maestros que habiendo culminado sus estudios no realizaron su proceso
final para la obtención del título y cédula correspondientes; y en un segundo plano, la
acreditación mediante  los  métodos  legales  conducentes,  de  estudios  profesionales  de
acuerdo a la experiencia profesional y a la demostración de conocimientos requeridos por
el trabajo desempeñado.
La reforma educativa marca plazos para cumplir con la debida estructuración de la planta
docente, ocupando para ello las distintas medidas legales que pueden en todo momento
dar cumplimiento  a la regularización profesional,  así  como  a la salvaguarda de  los
derechos de los trabajadores de la educación.



El  marco  legal  vigente  nos  brinda  una ventaja:  no  existe  impedimento  alguno  para
emprender las medidas conducentes y comenzar con una regularización en los términos
antes planteados ya que como a continuación citaremos, existe la suficiencia normativa
para emprender dichas acciones.
El párrafo tercero del artículo 3 constitucional señala que el Estado garantizará la calidad
en la educación obligatoria a través de la idoneidad de los docentes. Asimismo, señala que
³/D OH\  UHJODPHQWDULD ILMDUi ORV  FULWHULRV, ORV WpUPLQRV  \  FRQGLFLRQHV  GH OD HYDOXDFLyQ
obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio
profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la
HGXFDFLyQ.´
Dentro  de  la distribución de  competencias  para llevar  a cabo  la presente  sugerencia
encontramos a la Ley General de Educación, que en su artículo 64 dice:
“ La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de
los  cuales  se expidan certificados,  constancias,  diplomas  o  títulos  a  quienes  acrediten
conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado
escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros
procesos educativos.
Los  acuerdos  secretariales  respectivos  señalarán los  requisitos  específicos  que deban
cumplirse para la acreditación de los conocimiHQWRV DGTXLULGRV.´
Así como  a la Ley  General  del Servicio  Profesional  Docente  que a la letra  dice  en su
Capítulo II, artículo 10:
“ Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:
IX.  Emitir  los  lineamientos  generales  de  los  programas  de  Reconocimiento,  Formación
Continua, de Desarrollo de Capacidades, de Regularización y de Desarrollo de Liderazgo y
Gestión.
Artículo 59. El Estado proveerá lo necesario para que el Personal Docente y el Personal
con Funciones de Dirección y de Supervisión en servicio tengan opciones de formación
FRQWLQXD, DFWXDOL]DFLyQ, GHVDUUROOR SURIHVLRQDO \ DYDQFH FXOWXUDO.´



Desprendido  del marco normativo  federal,  el  Acuerdo  Secretarial  328 por  el  que  se
modifica  el  diverso  286  por  el  que se establecen  los  lineamientos  que determinan  las
normas y criterios generales, a que se ajustaran la revalidación de estudios realizados en
el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los
cuales  se acreditaran conocimientos  correspondientes  a niveles  educativos  o grados
escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base
en  el  régimen de certificación referido  a la  formación para  el  trabajo;  emite  el
procedimiento y los requisitos para la acreditación comentada.
Vinculando  dichas  consideraciones  jurídicas  con las  que contamos  en  nuestro  estado,
resulta pertinente citar la Ley de Educación del Estado:
Capítulo III. Atribuciones del estado en materia educativa.
Artículo 14. Corresponden a la autoridad educativa estatal las atribuciones siguientes:
VIII.  Prestar  los  servicios  de  formación,  actualización,  capacitación y  superación
profesional  para docentes  de  educación básica,  de  conformidad  con las  disposiciones
generales que la autoridad educativa federal determine, y a lo dispuesto por la ley general
de servicio profesional docente.
XXI.  Expedir  certificados,  así  como otorgar constancias,  diplomas,  títulos  o grados
académicos  con  respecto  a estudios  realizados en  las  instituciones  que conforman el
sistema educativo estatal; con excepción de aquellas a las que la ley otorgue autonomía.
Capítulo IV. De los servicios educativos
Artículo 19. La autoridad educativa estatal, de acuerdo con las disposiciones de carácter
general que expida la autoridad educativa federal, y con lo establecido en la Ley General
del Servicio  profesional  docente,  podrá conformar  el  sistema estatal  de  formación,
actualización,  capacitación y  superación profesional  para  docentes,  cuyos  propósitos
serán:
V.
La regularización, con nivel de licenciatura, de educadores en servicio que por cualquier
circunstancia tengan un nivel de estudios inferior al del perfil requerido.´
En Nueva Alianza estamos convencidos de que todos los esfuerzos por caminar en la ruta
hacia la calidad en la educación son válidos. Con el conocimiento pleno de que legalmente
esta propuesta de acuerdo se encuentra respaldada, nos corresponde y creemos oportuno
hacer  un llamado  a la autoridad  educativa en el  estado,  en el uso  de sus  facultades,
ejecute las acciones conducentes a regularizar a los docentes que por las circunstancias
anteriormente descritas no cuentan con el perfil idóneo para seguir en el desempeño de
su noble tarea.



El  Grupo  Legislativo  de Nueva  Alianza  no  escatima acción alguna,  para mejorar  la
educación de nuestros hijos por medio de la defensa de los derechos de los trabajadores
al servicio de la educación. Estamos convencidos que ambas causas son compatibles e
incluso  complementarias.  La  transformación de  nuestro  entorno  escolar,  atraviesa
necesariamente por el reconocimiento y apoyo que se le brinde al magisterio para superar
sus  propios  límites  y entregar  a la niñez  y  adolescencia poblana  el  mejor  desempeño
posible.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado, a que en uso de
sus facultades conferidas por el marco normativo federal, así como el local, implemente un
programa de regularización docente, con el objeto de que la totalidad de profesores en el
estado cuenten con el perfil idóneo para el ejercicio de sus funciones y dar cumplimiento a
la reforma educativa federal.
SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado, así como a las
diversas organizaciones sindicales magisteriales, a que en el uso de sus atribuciones y en
el  marco  del cumplimiento  a la Reforma Educativa,  elaboren  una estrategia  de
comunicación y difusión, con el objeto de que el mayor número de maestros en el estado,
puedan conocer sobre las leyes, o en su caso programas, como el sugerido en el punto
anterior, para que accedan al mismo y poder estar en condiciones de hacer uso de sus
derechos laborales.



A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE MARZO DE 2015.
DIP. MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR EL MARCO
NORMATIVO FEDERAL, ASÍ COMO EL LOCAL, IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DOCENTE,
CON EL OBJETO DE QUE LA TOTALIDAD DE PROFESORES EN EL ESTADO CUENTEN CON EL PERFIL IDÓNEO
PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y  DAR  CUMPLIMIENTO  A LA  REFORMA EDUCATIVA  FEDERAL  Y
OTRO.