C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
Los Diputados del  Grupo Legislativo  del  Partido Revolucionario  Institucional,
quienes integran la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; por conducto del Diputado Rosalío Zanatta
Vidaurri; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,  134, 135, 144 Fracción II y 151 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción  V del  Reglamento Interior  del  Honorable  Congreso  del  Estado Libre y
Soberano  de  Puebla; sometemos  a consideración de  este órgano  colegiado,  el
presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes: 
C O N S I D E R A N D O S
1)
La Constitución  Política de  los  Estados Unidos Mexicanos reconoce  y
protege  el  derecho  de todas las personas a no  ser  privadas de  su
libertad  de  manera arbitraria y,  en  caso  de detención,  establece una
serie de garantías básicas que deben respetarse.
2)
El artículo 14 constitucional establece que  ninguna persona podrá ser
privada de  su  libertad  o  derechos  en  ninguna circunstancia que  no
conlleve un juicio previo ante los tribunales establecidos, y en el que se
cumpla debidamente el procedimiento estipulado en las leyes.
3)
De la misma manera,  el  artículo  16  constitucional  señala que  nadie
puede ser  molestado en  su  persona,  familia,  domicilio, papeles o
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito de  la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
4)
Los artículos 18 y 19 del mismo ordenamiento establecen las condiciones
de detención, cuya premisa es que ninguna persona podrá ser privada
de su libertad a menos de que se haya cometido un delito y que exista la
probabilidad de que esa persona lo cometió o participó en su comisión.
Estos  artículos  establecen  controles legales y  judiciales para prevenir
cualquier tipo de abuso en contra de la persona detenida.
5)
Por su parte, el artículo 17 constitucional establece el derecho de acceso
a la justicia en México, el cual prevé quH ³WRGD SHUVRQD WLHQH GHUHFKR D



que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla  en  los  plazos  y  términos  que fijen  las leyes,  emitiendo  sus
UHVROXFLRQHV GH PDQHUD SURQWD, FRPSOHWD H LPSDUFLDO´.
6)
En  cuanto  a la legislación penal, en  México  el  delito  de  desaparición
forzada de personas se encuentra tipificado a nivel federal en el artículo
215
-
A  del Código  Penal  Federal,  en  los  códigos  de  17  estados de  la
República1 y en leyes especiales en 2 estados de la República.
Es  importante  recordar  que,  a raíz de  la reforma constitucional  en  materia  de
derechos humanos, el texto del artículo 1º otorga una jerarquía constitucional en
el orden jurídico mexicano a todas las normas de derechos humanos contenidas en
los  tratados,  al  estDEOHFHU  TXH  ³WRGDV ODV SHUVRQDV JR]DUiQ  GH ORV  GHUHFKRV
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que el Estado
mexicano sea parte.
Como consecuencia de lo anterior, la Convención, junto con los demás tratados
internacionales que contemplan la protección de derechos humanos, forma parte
integrante del marco jurídico mexicano y sus disposiciones cuentan con jerarquía
constitucional.
Así,  el  artículo  133 constitucional  establece  que  la Constitución,  las leyes  del
Congreso  de  la Unión  que  emanen  de  ella  y  todos  los  tratados que  estén  de
acuerdo  con  la misma,  celebrados  y  que  se celebren  por  el  Presidente de  la
5HS~EOLFD, FRQ DSUREDFLyQ GHO 6HQDGR, VHUiQ OD /H\ 6XSUHPD GH WRGD OD 8QLyQ´.
El 18 de diciembre de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
aprobación  de  la Convención  Internacional  para la protección de  todas  las
personas contra las desapariciones forzadas.
El decreto correspondiente a la entrada en vigor del instrumento, fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011.
En  cuanto a la operatividad  de  la Convención,  al  ser  parte del ordenamiento
jurídico interno, todas  sus  disposiciones pueden  ser  invocadas por  los  jueces
nacionales. Más aún, existe la obligación de todos los jueces nacionales de ejercer
un control  de  convencionalidad,  es decir,  de examinar  las disposiciones legales
internas a la luz de los  tratados  de  los que  México es parte,  incluyendo la
Convención sobre desaparición forzada.
La SCJN determinó los parámetros de aplicación del control de convencionalidad,
estableciendo que se integran de la siguiente manera:
*
Todos  los  derechos  humanos
contenidos  en  la
Constitución  (con
fundamento en el Artículo 1º y 133);



*
Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los
que  el  Estado Mexicano  sea parte (con  fundamento  en  el  artículo  1º
constitucional);
*
Los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
establecidos en sentencias donde México fuera parte.
La
aplicación  de  las
disposiciones
de  la
Convención  y  de  los  tratados
internacionales de derechos humanos en todas las partes constitutivas del Estado
son  abordadas
en  el
documento  básico
que  se
presenta
de  manera
complementaria a este informe.
Sobre la competencia que tienen las autoridades mexicanas en los temas de la
Convención,  en  primer  lugar, debe  mencionarse al  sistema de  procuración  de
justicia,  a cargo de la  Procuraduría  General  de la  República (PGR) con
competencia en delitos federales y las procuradurías o fiscalías generales de las
entidades federativas, con competencia para conocer de delitos del fuero común;
las cuales llevan a cabo la investigación de los delitos y fungen como fiscales en
los procesos penales.
Cabe  señalar  que  la última reforma constitucional  en  materia de  derechos
humanos, dotó a la CNDH de nuevas facultades, a saber:
*
Facultad  de  investigación  en  casos  de  violaciones graves de  derechos
humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal,
alguna  de  las Cámaras del  Congreso  de  la Unión,  el  gobernador  de  una
entidad federativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas
de las entidades federativas; y facultad de presentar denuncias producto del
resultado de sus investigaciones (art. 102, Apartado B, de la Constitución).
*
Facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes
de  carácter  federal,  estatal  y  del  Distrito  Federal,  así  como  de  tratados
internacionales,  que  vulneren  los  derechos humanos  consagrados  en  la
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte
(art. 105, fracción II, inciso g de la Constitución).
Es  importante  señalar  que  la desaparición  forzada en  este caso, fue que
independientemente de la legalidad/ilegalidad de la detención, lo verdaderamente
importante para considerar el  delito  de  desaparición  forzada en  es que los
sujetos activos tengan por objeto ocultar la suerte o el paradero de la víctima´.



La SCJN ha determinado, por medio de tesis jurisprudenciales, que de conformidad
con lo establecido en el artículo 8 de la Convención internacional para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el delito de desaparición
forzada de personas es de naturaleza permanente o continua, en tanto no se dé
con el paradero de la víctima. De igual forma, estableció que el plazo para que
opere la prescripción del delito de desaparición forzada inicia una vez que aparece
la víctima o se establece su destino.
Por su parte, la SCJN ha determinado que la acción penal correspondiente y la
pena  que  se imponga al  responsable  del  delito  de  desaparición  forzada de
personas no estarán sujetas a prescripción. Es decir, ante la posible comisión del
delito  de  desaparición  forzada,
ninguna
autoridad  puede
determinar  que
transcurrió determinado tiempo para lograr la comparecencia del agravado o para
la práctica de ciertas diligencias.
Respecto a la privación de la libertad como elemento constitutivo del tipo penal de
desaparición  forzada, la SCJN ha señalado  que  se trata de  un  delito  que  se
consuma en  el  momento  en  que  se detiene ilegalmente  a la víctima y dura el
tiempo que  la detención  se prolongue.  Lo  anterior  también  se determinó
atendiendo a lo dispuesto en la Convención internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Retomando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
SCJN ha señalado que el delito de desaparición forzada constituye una violación
múltiple de derechos humanos que coloca a la víctima en un estado de completa
indefensión y que se trata de un delito particularmente grave cuando se comete
como parte de un patrón sistemático o se trata de una práctica tolerada por el
Estado. Al respecto, la SCJN estableció que al tratarse de violaciones graves de
derechos  humanos,  debe  garantizarse el  acceso  a la averiguación  previa que
investiga estos hechos a los familiares y no podrá alegarse el carácter reservado
de la información.
De igual  forma,  se ha establecido que  la víctima u  ofendido del  delito  están
legitimados para promover  juicio  de  amparo contra la sentencia definitiva que
absuelve al acusado. Con lo anterior, se busca permitir que la víctima u ofendido
reclame la constitucionalidad de la resolución.
Posteriormente,  la SCJN señaló  que  el  delito  de  desaparición  forzada produce
afectaciones  no  sólo a la persona privada de  su  libertad, sino también a sus
familiares,  por  lo que  siguiendo los  estándares internacionales  en  la materia,
reconoció el interés legítimo de los familiares de la persona desaparecida.



En  México,  la desaparición  forzada de  personas se encuentra tipificada,  como
delito grave, en el Código Penal Federal y en los códigos y/o leyes especiales de 19
entidades federativas.
Adicionalmente, la prohibición de la desaparición forzada está contemplada en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los supuestos
que no permiten al Estado invocar la suspensión de garantías en ningún caso.
La misma Constitución  establece que  en  ningún  caso  podrá restringirse ni
suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento
de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la
familia,  al  nombre,  a la nacionalidad; los  derechos  de  la niñez; los  derechos
políticos; las libertades  de
pensamiento,  conciencia y  de  profesar  creencia
religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena
de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la
desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para
la protección de tales derechos.
Desde 2001, el delito de desaparición forzada de personas se encuentra tipificado
HQ  HO  &DStWXOR  ,,, %LV GHO  7tWXOR  'pFLPR, ³'HOLWRV FRPHWLGRV  SRU  6HUYLGRUHV
3~EOLFRV´, GHO /LEUR 6HJXQGR GHO &yGLJR 3HQDO )HGHUDO, HQ HO DUWtFXOR ___ $ GH OD
siguiente manera:
³&RPHWH HO GHOLWR GH GHVDSDULFLyQ IRU]DGD GH SHUVRQDV, HO VHUYLGRU S~EOLFR TXH,
independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una
o
varias personas,  propicie o  mantenga dolosamente  su  ocultamiento bajo
cualquier formade GHWHQFLyQ.´
Esta tipificación contempla los elementos establecidos por la Convención:
a)
El  arresto, detención, secuestro o  cualquier  otra forma de privación  de
libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que
actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, dado que el
citado  artículo  215-A  establece  como  un elemento del  tipo penal  la
³detención legal  o  ilegal  de  una persona´, HV GHFLU,  OD SULYDFLyQ  GH  OD
libertad cometida por un agente del Estado.
Con relación a la participación de una persona o un grupo de personas que
actúe con el apoyo, autorización o aquiescencia del Estado, el artículo 215-A
HVWDEOHFH FRPR  VXMHWR  $FWLYR  GHO  WLSR SHQDO, TXH  ³comete el delito  de
GHVDSDULFLyQ IRU]DGD HO VHUYLGRU  S~EOLFR«´
Asimismo, el artículo 212 del Código Penal Federal considera sujeto activo
no sólo a quien tenga la calidad de servidor público, sino también a quien,



sin ese carácter participe en la perpetración de los delitos cometidos por
servidores públicos.
Esta calidad de sujeto activo, así como la forma de intervención que admite
el  tipo penal  (Autor  directo, coautor,  autor mediato, instigador,  cómplice
primario y cómplice secundario), Permiten adecuar la tipificación del delito
FRQ OD GHILQLFLyQ GH ³GHVDSDULFLyQ IRU]DGD´
(VWDEOHFLGD HQ HO DUWtFXOR _ GH OD &RQYHQFLyQ, HQ HO VHQWLGR GH TXH ³sean
obra de agentes del Estado o  por  personas o  grupos de personas que
actúan con la autorización, el apoyo o la Aquiescencia del Estado.´
b)
Ocultar  la suerte o el  paradero  de  la persona desaparecida y  en
consecuencia, colocar a una Persona fuera de la protección de la ley. El
artículo 215 A del Código Penal establece como Elemento del tipo penal que
³SURSLFLH R PDQWHQJD GRORVDPHQWH VX RFXOWDPLHQWR EDMR FXDOTXLHU IRUPD GH
detención.´
En este caso, el dolo consiste en que el agente tenga conocimiento de que
propicia o mantiene el ocultamiento de una persona bajo cualquier forma de
detención, y no obstante, tenga la voluntad de realizar esa conducta.
Lo trascendente para considerar la conducta típica es que el sujeto activo,
de  manera  dolosa,  propicie  o  mantenga su  ocultamiento bajo cualquier
forma de  detención,  lo  cual  implica colocar  a una persona fuera de  la
protección de la ley.
La desaparición  forzada de  personas está clasificada como delito  grave,
según lo previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos
Penales y el Código Penal establece una pena de cinco a cincuenta años de
prisión a quien cometa este delito.
Efectuar cualquier detención, por lo que toda detención realizada al margen
de  estos  requisitos se considera  ilegal.  Así,  el  artículo 16 constitucional
establece  que  toda detención  debe  realizarse por  mandato de  juez
competente, fundado y motivado; precedido de una denuncia o querella de
hechos  que  la ley  señale como  delito y  que sea sancionado con  pena
privativa de  libertad.  La autoridad que  ejecute  la orden  de  aprehensión
deberá poner al inculpado ante el juez de manera inmediata.
De conformidad con los artículos 108 de la Constitución y 212 del Código
Penal Federal, se entiende por Servidor público a la persona que desempeñe
empleo, cargo o comisión en la estructura del Estado, ya sea Que ejerza



funciones legislativas,  ejecutivas,  judiciales o  de  otra índole,  y tanto si
pertenece al gobierno Federal como a una división territorial del Estado.
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate
a cualquier persona que Participe en la perpetración de alguno de los delitos
previstos en este Título o el subsecuente. 
A C U E R D O 
PRIMERO.- Se exhorte a la Procuraduría General de la Republica ejerza su 
facultad de atracción en la causa penal 01/2015, del índice del juzgado primero de 
primera instancia del distrito judicial de la Cuidad  de Orizaba, Ver- instaurado en 
contra de  los  CC. MARTIN  PARRA  YACOTU,  MARTIN  ROSAS TÉLLEZ,  GERMAN 
VICTORIA WEISSER, VÍCTOR HUGO VILLAS VÁSQUEZ, AUSENCIO JACOBO OSORIO 
RINCÓN, RUBÉN MORALES VÁZQUEZ Y CARLOS ALBERTO GÓMEZ ROSAS, por el 
delito  de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA Y ABUSO DE AUTORIDAD
en agravio de C. Zito Ángel Zanatta Vidaurri.  
SEGUNDO.- Se realicen todas las acciones necesarias para sancionar a los 
responsables de la desaparición forzosa
del C. ZITO ANGEL ZANATTA VIDAURRI.  
TERCERO.- Se turne el  presente  documento a la Comisión  General 
correspondiente para su análisis y resolución procedente.
A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 09 DE MARZO DE 2015
DIP. ROSALIO ZANATTA VIDAURRI
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL