Por mayoría de votos la LX Legislatura aprobó devolver a las autoridades municipales, la facultad de verificar y normar el funcionamiento de los espectaculares, así como evitar la contaminación visual que estos representan debido a la proliferación de estos anuncios, sobre todo en la zona conurbada a la ciudad capital.

El presidente de la Junta de Coordinación Política Gabriel Biestro Medinilla refirió que este decreto cumple con el objetivo de devolverle a los ayuntamientos sus facultades y lo que por derecho les corresponde, pues en los últimos años ha prevalecido el espíritu centralista que ha caracterizado a un gobierno digno de una tiranía que ejerce una sola persona que quiere controlar todo.

Dijo que ejemplos aberrantes de esta actitud autoritaria son la conformación de la Ciudad Modelo y la cancelación de las facultades a las Juntas Auxiliares, por lo que desde la LX Legislatura se seguirá la ruta de devolver la normalidad política a los ayuntamientos.

En su intervención, el diputado José Juan Espinosa refirió que el espíritu de esta iniciativa es desmantelar el sistema de negocios que se propició desde el gobierno del Estado, con una iniciativa que propuso y aprobó la anterior Legislatura despojando a los ayuntamientos, una vez más, de sus facultades de regulación y prevención de la contaminación visual, así como los cobros de derechos.

De igual forma José Juan Espinosa hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente, para que informe sobre los contratos y espacios de dos empresas que mantienen el monopolio de las estructuras y espacios en al menos nueve municipios.

En tanto, la diputada Nora Escamilla negó que en esta minuta de decreto se carezca de observaciones técnicas pues fue ampliamente discutida y trabajada en las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y la de Asuntos Municipales, mientras que la diputada María del Carmen Cabrera refirió que este no es el único ámbito en el que el gobierno del Estado ha fomentado negocios particulares, como es el caso del agua potable.

MORENA Y PT, PRESENTAN INICIATIVA PARA DESAPARECER LA DEUDA PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS PPS

En otro punto de la sesión, los Grupos Legislativos del Partido del Trabajo y Morena, presentaron la iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública; de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado (PPSs) y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En su exposición de motivos, la diputada Olga Romero Garci-Crespo recordó que la Ley para la Prestación de Servicios, aprobada en el 2010, incorporó la participación del sector privado través de la inversión en sectores que anteriormente solo correspondían al Estado.

Acusaron que dicha Ley, regula de manera incipiente la relación público-privada que se da a partir de los contratos de Proyectos para la Prestación de PPSs concentrando las facultades discrecionales en el Ejecutivo Estatal para su formalización y pago, generando un nicho de oportunidad para el saqueo de las arcas estatales en el largo plazo, a través de dicho instrumento y sus garantías y fuentes de pago.

No dejaron de mencionar que actualmente y a partir de la promulgación y entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera, las disposiciones estatales han resultado contrarias a los principios rectores de la Disciplina Financiera, por lo tanto, no garantizan la contribución al mantenimiento de unas finanzas públicas sanas y sustentables.

Sostuvieron que, hasta la fecha, pese a que se consideran derogadas todas las disposiciones contrarias a lo dispuesto por la normativa en materia de Disciplina Financiera, no se ha realizado la armonización de las leyes estatales, por lo que se hace necesario incorporar los nuevos criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad hacendaria con el fin de reducir el endeudamiento de la entidad y sus municipios y los costos de financiamiento.

Precisaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de la cuenta pública 2016 en el país, sumaba más de 5 mil millones de pesos, pero existían 217 mil 322 millones de pesos más correspondiente a obligaciones de proveedores, contratistas y a las APP.

La propia ASF indicó que ocho estados concentraron, el 56.9 por ciento de estos compromisos, entre los que se encuentra Puebla; de hecho, según la revisión da la propia Auditoría, el nivel de endeudamiento en el estado por esos compromisos, orilla al gobierno estatal a incrementar sus ingresos, pues requiere de más financiamiento.

La diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo refirió que estas reformas buscan sentar las bases para la revocación de las afectaciones, dejándolas a consideración del Congreso del Estado que es quien bajo esta iniciativa las aprueba, rompiendo el esquema de afectación irrevocable de recursos a libre arbitrio del Ejecutivo.