No obstante que la reforma inicial aprobada en enero fue legal, transparente y correcta jurídicamente, el legislador reiteró que se trata de una armonización con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y obedece a un orden político más que jurídico, ya que de origen la reforma inicial siempre ha tenido el objeto de elevar el derecho al agua como derecho humano. ”Buscamos terminar de tajo con todo tipo de especulación, dar una señal de claridad y apertura, lo que importa es que los ciudadanos estén tranquilos que el agua no se privatiza”.
Señaló que la Reforma establece textualmente “proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Así mismo, informó que la prestación del servicio de agua potable sigue siendo atribución de los municipios. A pregunta expresa, refirió que para modificar la Ley Estatal del Agua se requiere que primero a nivel nacional el Congreso de la Unión expida la Ley General de Aguas.
Al respecto, la legisladora Socorro Quezada aplaudió la decisión del Congreso para evitar un conflicto mayor, así mismo, reconoció que la reforma inicial aprobada en enero nunca tuvo intención de privatizar el servicio del agua potable.
Por su parte, el legislador Julián Peña reconoció que en la reforma votada hoy, queda asentado el acceso al agua como un derecho humano y el Estado garantizará este derecho, misma que coincide con la que él presentó a inicios de marzo.