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Diputada Rocío García Olmedo Violentar el estado de Derecho, me parece que no es lo más recomendable en los momentos actuales. Si configurar un orden jurídico que permite fijar el marco legal para contrarrestar la discriminación en contra de las personas que tuvieron el valor de decidir sobre su sexualidad, le parece a la jerarquía católica una “aberración”, demuestra sin duda su ignorancia y el deterioro de la jerarquía eclesiástica. Olvidan que este acto jurídico es producto de los esfuerzos de muchos grupos que desde la década de los 80´s impulsan una serie de normas a leyes secundarias que les permitan ejercer un derecho previsto en la Constitución General de la República. Pareciera que el lenguaje utilizado en el mensaje que envía la Iglesia católica a través de los exabruptos de uno de sus altos jerarcas convoca a vulnerar ese muchas veces deslegitimado Estado de Derecho y esto sin duda es altamente riesgoso. Con un gobierno federal que ha mostrado su debilidad, inmersos en una guerra en contra del narcotráfico, en una creciente ola de inseguridad pública que se vive con más fuerza en algunos estados de la República, en medio de los “diálogos” convocados por el gobierno federal panista, con graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, con un incremento de los niveles de pobreza extrema y hasta con severos señalamientos en el uso de recursos públicos destinados a obras y eventos conmemorativos por los centenarios de nuestros movimientos sociales. Y en este momento de polarización, las declaraciones absurdas y sin argumentación de quienes hoy representan a la Iglesia católica, con un discurso ignorante que fomenta odio y enconos entre las personas, lo que pudo comprobarse el domingo en los hechos registrados en la Catedral de Guadalajara, cuando debieran desde el púlpito apelar por la mesura; intenta la Iglesia católica no reconocer las leyes que rigen al país, retando y erosionando aún más el Estado mexicano ya dañado con todos los sucesos actuales. El resolutivo que da validez para todo el país a matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción ha sido aprobado por la máxima autoridad facultada para ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento jurídico concluyó y debe acatarse por todos y todas, aún por aquellos que intocables se sientan. No cabe duda que John Locke no se equivocó al afirmar la necesidad de “distinguir el interés de la sociedad civil y de la religión y (deben) establecerse las fronteras que separan a la Iglesia y al Estado” y al advertir “si esta separación no se lleva a cabo, es imposible resolver los conflictos entre las personas que desean, o que fingen desear, la salvación del alma y la del Estado”. Con su actitud, la Iglesia católica ha reabierto el debate sobre el proceso de secularización del poder político y como en su origen, la lucha por el laicismo en México no es el resultado de una pugna entre grupos religiosos diversos, ni por antagonistas de la religión católica, sino que parte de la convicción de que la secularidad del Estado mexicano no es un asunto ideológico o de fe, sino jurídico.
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