Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa
28 de julio de 2010

Como resultado de la dinámica social y de los tiempos que vive nuestro país respecto a la seguridad pública, cada entidad federativa está obligada a realizar constantes revisiones a su marco normativo para no rezagarse en materia de combate a la delincuencia y mantenerse vigente en una lucha permanente, que es tarea de todos.

Puebla, nadie lo puede negar, vive un clima diferente al resto de las entidades federativas del país, pues afortunadamente no alcanzamos niveles de inseguridad como los que se padecen en otros estados. Esto, nos obliga a no bajar la guardia y aportar desde nuestras diferentes trincheras para abonar a un entorno propicio para el desarrollo de las familias y de los negocios.

Es por eso que en la última semana, en la Comisión de Gobernación Justicia y Puntos Constitucionales, se analizaron diversas reformas del Código de Defensa Social y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en materia de narcomenudeo, abandono de bienes y tránsito de vehículos robados.

Estas modificaciones tienen como finalidad ir actualizando nuestras leyes para impedir el paso de la delincuencia, modernizar nuestras propias instituciones y facultar a las instancias investigadoras para ir a profundidad en los delitos del orden común que, de no frenarse, se convierten en caldo de cultivo para la delincuencia organizada.

De entrada, se dio el visto bueno para que el Ministerio Público Local de conocer asuntos de narcomenudeo y la remisión de consumidores de psicotrópicos o estupefacientes a las autoridades sanitarias, generando así un vínculo de seguimiento entre las diversas instancias  y poner así barreras a la venta de drogas.

Por otra parte, las diversas fracciones en el Congreso aprobamos delimitar la acción del abandono de bienes que se encuentren en un lugar donde se cometió un delito y que no son reclamados por su propietario, los cuales podrán, en dado caso, ser utilizarlos a favor del Fondo de Procuración de Justicia.

Además, se establecieron sanciones contra las personas, que a sabiendas de tener un vehículo robado, lo trasladen de un lugar a otro, lo vendan y lo publiciten por cualquier medio. Este, es sin duda, un delito flagrante, a la vista de todos y que no puede ser consentido de ninguna manera.

Es de destacarse dos aspectos fundamentales para alcanzar estas modificaciones de ley, la disposición de todos los partidos por aportar para construir un marco normativo que frene a la delincuencia en sus diversas expresiones y la actitud por ir avanzando en modernizar nuestro sistema de procuración de justicia.

Las elecciones ya pasaron, los ciudadanos demandan trabajo permanente.

*Diputado del PRI y Presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado